La diputada de Morena, María Eugenia Hernández Pérez presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la obligación de los mexicanos de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.
La propuesta para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política, fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
En los considerandos, señala que, si bien el votar es un derecho, es muy importante remarcar la disposición constitucional de que votar también es una obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales.
Esta reforma contribuiría a potenciar la disposición y el convencimiento de votar, a partir del impulso cívico y ético de las obligaciones que los mexicanos tienen respecto a la patria, en el contexto de lo establecido en el artículo 31 constitucional, detalla.
Expone que en México el promedio de participación ciudadana en una elección presidencial es de alrededor del 65 por ciento del listado nominal de electores, mientras que en países donde el incumplimiento a la obligatoriedad de votar se sanciona la participación es de alrededor del 80 por ciento.
Considera imperativo encontrar fórmulas para estimular la mayor participación posible en las elecciones populares, así como promover una conciencia más amplia sobre la trascendencia que tiene el hecho de que la ciudadanía entienda la importancia de las elecciones y su participación informada y entusiasta.
Aunado a ello, precisa, el gasto promedio por cada voto que se emitió el pasado 6 de junio de 2021 fue de 664 pesos. En un cálculo realizado, previo a la jornada electoral, el voto de los mexicanos habría costado 414 pesos, si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral hubieran acudido a las casillas en la jornada del domingo pasado.
“Es patente que el costo de las elecciones es sumamente elevado en México; por lo mismo, debe la ciudadanía acudir a votar sin reservas en todos los procesos electorales.
El abstencionismo, aparte de los estragos que causa en materia de legitimidad y gobernabilidad, resulta un inaceptable incremento en el costo del voto”, añade.
Apunta que la reforma al artículo 31 constitucional, abonaría a fortalecer las disposiciones constitucionales de obligatoriedad del voto, pues dicho ordenamiento consagra las principales obligaciones que tenemos los mexicanos hacia nuestra nación.
Por ello, destaca que en lugar de establecer sanciones al abstencionismo, se propone ampliar la noción de obligatoriedad del voto, lo cual redunda en una legitimidad fortalecida y en la reivindicación del principio de la soberanía popular.
Con ello, los gobernantes y los representantes surgidos de unas elecciones con los más altos índices de participación o con bajo abstencionismo, gozarán de una legitimidad y un respaldo popular más sólidos.
