Frente a los homicidios a periodistas ocurridos en las últimas semanas en México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su solidaridad con el gremio periodístico y precisó que el Poder Judicial Federal, en el ámbito de sus atribuciones, estará a la altura para defender la integridad de los comunicadores.
“En una democracia la labor de las y los periodistas es esencial para informar a la población de todo lo que sucede y generar un debate robusto e informado, por lo que son parte esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil”, sentenció el ministro presidente.
En conferencia de prensa, aseveró que como ministro ha demostrado no solo un respeto irrestricto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, sino que todos sus criterios y las sentencias que han derivado de sus proyectos, siempre han estado en la línea de expandir los derechos humanos.
A su vez, recalcó la importancia tanto de tener mecanismos de protección para los periodistas, como de que sean eficaces para salvaguardar su integridad física.
Por otra parte, respecto al Sistema Penal Acusatorio, dijo que hay un avance en el replanteamiento sobre la prisión preventiva oficiosa, debido a que la Primera Sala decidió que una vez transcurridos dos años, se tiene la obligación de revisar esta medida, y que el Ministerio Público debe justificar la continuidad de la misma.
“La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, viola la Convención Americana de los Derechos Humanos y consecuentemente el bloque de constitucionalidad”, puntualizó.
Así, manifestó la necesidad de iniciar un debate, pues ha habido un aumento de la población en prisiones, lo cual genera un hacinamiento y violación de derechos humanos, pero no hay una disminución de la delincuencia ni de la violencia.
En cuanto al caso expuesto en el documental “Duda Razonable”, el ministro presidente señaló que se atrajo porque podrían generarse precedentes importantes en materia de amparo y de procedimiento penal acusatorio, aunado a que, sin avalar lo que dice el documental, se pudieran estar cometiendo violaciones muy graves a los derechos de las personas.
