Empleados del Gobierno de Nuevo León presentaron al menos diez denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) del estado por presuntas presiones para intervenir en la elección judicial federal del próximo 1 de junio.
De acuerdo con El Norte, las acusaciones apuntan a un operativo dirigido por la administración del gobernador Samuel García con el objetivo de asegurar votos para aspirantes vinculados a su proyecto político.
El titular de la FEDE, Gustavo Javier Solís, confirmó que las denuncias, en su mayoría anónimas, describen un patrón coincidente: obligar a trabajadores del gobierno a entregar sus credenciales del INE y reunir otras adicionales, como las de familiares o compañeros de trabajo, bajo advertencias de perder su empleo si se niegan.
Los testimonios también detallan prácticas como simulacros de votación, toma de fotografías de las boletas marcadas, credenciales y un código QR individual que permitiría confirmar la participación y el sentido del voto.
Una investigación previa de El Norte documentó que personal de áreas como la Secretaría de Educación y el Instituto de Control Vehicular recibió instrucciones para reunir un número mínimo de votos. Algunos empleados participaron en hasta seis ensayos, donde se les distribuyó un “acordeón” con los datos del candidato, número o color que deberían seleccionar en la boleta.
“Lo que nos han dicho es que nos van a dar el acordeón (para votar): la persona, el color o el número”, declaró uno de los trabajadores consultados por el diario regiomontano, quien solicitó el anonimato. Este tipo de orientación resulta relevante debido a que en la elección judicial no figura directamente el nombre del candidato, a diferencia de los procesos electorales tradicionales.
La elección federal se limita a cargos del Poder Judicial de la Federación, ya que el Judicial local renovará sus puestos hasta 2027. Por este motivo, la FEDE analiza si debe turnar el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), dependiente de la Fiscalía General de la República.
Hasta el momento, la fiscalía estatal no ha dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados. Sin embargo, el caso ya despertó inquietud por el posible uso de recursos públicos y mecanismos de presión laboral para fines políticos.
