Opacidad, retrasos y uso discrecional de los apoyos para el sector indígena y los jóvenes, son el sello del actual gobierno morenista en el Estado de México, denunció la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.
En conferencia de prensa, reveló que existen varios contratos de programas sociales de cuyas compras no se sabe públicamente en dónde ni a quiénes se entregaron. Uno de los documentos señala la compra de equipos de cómputo, máquinas de coser y línea blanca por casi 17 millones que a la fecha no se sabe a quiénes se entregaron.
La compra se realizó a una empresa con apenas un año de creación, a través de una licitación pública nacional, siendo curiosamente la única en comprar las bases.
Lo mismo ocurre con otro contrato por dos millones de pesos para instrumentos musicales y prendas de vestir de grupos indígenas, también a finales del 2024, de cuyos beneficiarios no se sabe nada, o al menos no públicamente. Así mismo con la compra de mil 50 tabletas electrónicas, por 3.3 millones de pesos, de las que no se sabe cuándo ni a quiénes se beneficiaron.
Todos los contratos fueron hechos por el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México, CEDIPIEM, que depende de la secretaría del Bienestar estatal. “Es el tiempo en que nadie sabe en dónde ni a quiénes se está beneficiando con los miles de millones de pesos que se destinaron al rubro social en el presupuesto de este año”, dijo.
Ruiz Sandoval dijo que el supuesto bienestar que prometió la 4T se ha convertido en una opacidad institucionalizada. “Nadie sabe cómo se ha aplicado el dinero público y bajo que criterios se han entregado, no es un tema menor, estamos hablando de por lo menos 209 mil 444 millones de pesos, los que Morena asignó al llamado eje de Bienestar Social y que representa el 54 % del presupuesto estatal”, apuntó.
La también Senadora cuestionó el retraso de la aplicación de los programas en lo que va del año, además de que no todos son reportados al Congreso Mexiquense. “En la web tienen publicados al menos 14 programas sociales supuestamente orientados al combate de la pobreza y la atención a grupos vulnerables, pero ante la legislatura, ante los diputados, solo reportan 8 programas”, exhibió.
Ante esta situación, Cristina Ruiz dijo que es urgente que se realice una auditoría para todos los programas con el fin de conocer en dónde se están aplicando los recursos. Adelantó que desde el Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México se seguirá impulsando que los programas sociales sean una realidad constitucional, que proteja a las familias y que se garantice su continuidad y crecimiento.
