El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular, la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El objetivo de la reforma que envió la presidenta y que tuvo modificaciones, es otorgar mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las personas.
Con 70 votos a favor y 39 en contra se avaló la retroactividad con un párrafo que señala que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.
Otro de los ajustes centrales de la reforma fue la nueva definición de “interés legítimo”, que ahora podrá acreditarse tanto de manera individual como colectiva, eliminando el requisito de que la afectación sea actual o que el beneficio del amparo deba ser directo.
En el ámbito fiscal, el dictamen delimita los mecanismos de garantía para obtener suspensiones frente a actos de cobro de créditos firmes: únicamente se aceptarán billetes de depósito emitidos por instituciones autorizadas. Con ello, legisladores de Morena subrayaron que la reforma busca “fortalecer el amparo”.
En medio del grito de “ladrón, ladrón, ladrón”, en alusión al apellido del senador de Morena -Manuel Huerta Ladrón de Guevara- quien presentó una reserva en la discusión en lo particular, se aprobó una modificación en el dictamen para que las reformas en materia de amparo se apliquen de manera retroactiva.
Con el voto a favor de Morena y sus aliados se avaló la retroactividad con un párrafo que señala que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, afirmó que que la reforma es producto de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas y la participación de especialistas y sociedad civil.
“Este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías”.
