Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público aprobaron con 56 votos a favor, once en contra y una abstención, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Establece en el artículo tercero transitorio que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, y no “conforme a las disposiciones que establece este Decreto”, como lo señalaba la minuta remitida por el Senado de la República.
Por la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), se emitieron 26 votos a favor, 5 en contra y una abstención, y por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se obtuvieron 30 votos en pro, 6 en contra y cero abstenciones. El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.
Moreno Rivera recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, remitió al Senado el 15 de septiembre 2025 la iniciativa, cuyo objetivo es modernizar el juicio de amparo, garantizar que siga siendo un medio eficaz de protección de los derechos humanos y evitar abusos procesales que paralicen políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso.
Explicó que entre sus puntos principales destacan: limitar los efectos generales de las suspensiones, fortalecer el acceso a la justicia mediante medios digitales, agilizar la resolución de los juicios y revisar los criterios de interés jurídico y legítimo.
Mencionó que tras el análisis y discusión en el Senado la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde la Mesa Directiva la turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público para su dictaminación.
Las juntas directivas de éstas acordaron elaborar un proyecto de dictamen y hacerlo del conocimiento de las y los integrantes de ambas instancias, modificando el régimen transitorio en los términos de la iniciativa de la titular del Ejecutivo, precisó.
Posicionamientos
La diputada Mariana Benítez Treviño (Morena) expresó que el amparo, por más de un siglo, ha sido el baluarte de la protección de los derechos humanos y el más importante medio de defensa que se tiene. Hoy –dijo– el Congreso tiene la posibilidad de fortalecer el amparo y devolverle su espíritu original, ser un instrumento de justicia, pero no una táctica dilatoria. Anunció que presentará propuestas de modificación en el Pleno, recogidas de las audiencias públicas, para mejorar la ley.
Por el PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela aseveró que con esta reforma se debilitan las defensas de los ciudadanos frente al poder, y ahora “traicionan al pueblo y le quitan derechos de protección ante las autoridades de cualquier poder, sea municipal, estatal o federal”. Se pronunció por realizar una reforma profunda del amparo, sin mermarlo.
A su vez, María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del PVEM, Subrayó que el dictamen establece reglas uniformes, al evitar la dispersión en las formas de notificaciones, da certeza para enfrentar las decisiones judiciales y añade al interés de suspensión supuestos para que no proceda éste, especialmente cuando se trate de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita que puedan afectar al sistema financiero.
Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores consideró que los cambios representan un avance en la modernización del sistema jurídico, con el objetivo de hacer del juicio de amparo un instrumento más eficiente, transparente y accesible, que sirva verdaderamente a las y los ciudadanos; busca fortalecer el acceso a la justicia mediante la digitalización de procedimientos y no se restringen los derechos, por el contrario, se fortalece la protección colectiva.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) dijo que la propuesta es un grave retroceso en términos de pesos y contrapesos al destruir el juicio de amparo como última línea de defensa ante el ejercicio discrecional del poder. “Se restringirá la posibilidad de que organizaciones, comunidades o ciudadanos defiendan causas colectivas haciendo nugatorio el principio de acceso a la justicia”.
A su vez, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) se pronunció en contra de las adecuaciones, toda vez que limitarán el interés legítimo y la suspensión dentro del juicio de amparo, lo cual dejará en el desamparo a millones de mexicanas y mexicanos, al restringir la autonomía constitucional y concentrar el poder del Estado.
