Por Rita Magaña Torres
El Senado envió a la Cámara de Diputados la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con 40 modificaciones a 15 artículos y la incorporación de un transitorio, a fin de que se allane a los cambios y ratifique la legislación.
El pleno de la Cámara alta aprobó por unanimidad la mencionada ley, la cual busca fortalecer el marco jurídico para combatir la extorsión.
Se busca establecer con claridad la definición del delito, las penas aplicables y las circunstancias agravantes, así como los delitos vinculados y las medidas de protección a víctimas y testigos.
Se perseguirá de oficio
El delito de extorsión se perseguirá de oficio, y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
La pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La ley establece aumentos en la pena según la gravedad de las circunstancias:
• 4 a 8 años adicionales: Cuando se busque un beneficio continuo, se afecte a personas que realicen actividades comerciales, se imponga el precio de productos o servicios, se utilicen terceros sin conocimiento, se involucre a dependencias públicas, sindicatos o asociaciones, o se exija dinero por un supuesto riesgo.
• 5 a 12 años adicionales: Si el delito se comete contra migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores, si existe relación de confianza, laboral o familiar, si se emplea información privada, medios electrónicos, se simula la privación de la libertad de alguien, o se realizan actos ilícitos para lograr el objetivo.
• 7 a 17 años adicionales: Cuando se emplee violencia física, armas, o se pretenda impedir denuncias; si el sujeto se hace pasar por miembro de un grupo delictivo o servidor público, se afecta la economía de comunidades, se involucra a menores de edad o se ataca a servidores públicos, entre otros casos.
Bancadas fijan postura
Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la extorsión ha aumentado en México debido a diversos factores, entre ellos la complicidad de gobiernos anteriores con el crimen organizado.
Recordó la estrategia del gobierno anterior de “abrazos, no balazos”, que según la senadora, permitió a los delincuentes operar con impunidad y con la omisión de las fuerzas de seguridad, lo que se reflejó en cifras históricas de homicidios y desapariciones forzadas.
“El cambio de estrategia, que reconocemos es mucho mejor, hizo que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, secuestro y robo como fuentes de financiamiento.
“Desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos, porque no se previó este tipo de fenómeno”, aseguró.
La ley es un paso importante
La panista Guadalupe Murguía, reconoció que aunque la ley es un paso importante, su eficacia dependerá de su aplicación y del combate a la impunidad, que actualmente alcanza al 97 por ciento de los casos.
Reiteró que el PAN se mantendrá vigilante de su implementación, buscando que se asignen los recursos necesarios para garantizar que la ley cumpla su objetivo de prevenir, investigar y sancionar la extorsión en todo el país.
“Esta ley desde luego es un paso importante para avanzar en la prevención, investigación y sanción del delito de extorsión. Pero ninguna ley, así sea la más perfecta, por su sola publicación, es capaz de eliminar un delito, ni siquiera reducir los índices delincuenciales. Las leyes solo son eficaces en la medida en que se aplica”, declaró.
Enfrentar crecimiento de extorsión
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), destacó la necesidad de enfrentar de manera decidida el crecimiento de la extorsión en el país, vinculado al aumento del narcotráfico.
Enfatizó que MC respaldaría esta ley, considerando que representa un cambio de estrategia frente al crimen organizado, en contraste con políticas pasadas, y permite avanzar hacia un país donde las y los mexicanos puedan vivir sin miedo y con plena libertad.
“Reconocemos con esta iniciativa que el gobierno actual está dando un verdadero golpe de timón, un golpe de timón al combate al crimen organizado, que deja atrás esa política de abrazos y no balazos que tanto daño le hizo a nuestro país todo el sexenio anterior”, afirmó.
Cerrar las brechas de impunidad
De Morena Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, destacó que la ley busca cerrar las brechas de impunidad en torno a este delito, considerado el tercero con mayor incidencia en México.
“Y por supuesto, al eliminar las variaciones normativas, pues lo que hace la ley es homologar criterios y procedimientos penales, de modo que las conductas extorsivas reciban el mismo tratamiento legal, sin importar la entidad federativa en que se cometan”, señaló
La nueva ley
La ley también tipifica penas para quienes colaboren en la comisión del delito:
• Auxilio o cooperación dolosa: 4 a 12 años y multa de 60 a 300 UMA.
• Divulgación de información reservada por servidores públicos: 4 a 16 años y multa de 500 a 4,000 UMA.
• Abstención de denuncia por parte de servidores públicos: 10 a 20 años y multa de 200 a 400 UMA.
• Introducción de dispositivos electrónicos no autorizados en centros penitenciarios: 6 a 12 años y multa de 120 a 240 UMA, y si es servidor público, destitución e inhabilitación.
• Facilitación de medios por autoridades penitenciarias: aumento de 3 a 5 años a la pena correspondiente del artículo 15.
Reducir la pena hasta en 50%
El desistimiento espontáneo dentro de los tres días posteriores a la exigencia puede reducir la pena hasta en un 50%, siempre que no existan circunstancias agravantes.
Las penas se aplicarán independientemente de otros delitos cometidos.
Se establecen medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos.
Se limita el derecho a libertad anticipada, sustitución o conmutación de la pena para los condenados por extorsión.
La investigación se realizará por unidades especializadas.
Prohibición de contacto
Se prevén medidas cautelares como la prohibición de contacto o comunicación con la víctima.
Se establece la prisión preventiva oficiosa para los delitos de extorsión con agravantes.
Con esta reforma, se busca garantizar un marco más eficaz y disuasivo contra la extorsión, protegiendo a las víctimas y asegurando la responsabilidad penal de quienes cometan este tipo de delitos.
