Por Rita Magaña Torres
Para evitar que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años quede a la buena voluntad de administraciones futuras, la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, propuso elevar a rango constitucional este apoyo.
“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, mencionó.
A nombre propio y de las senadoras petistas, Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y el senador Alberto Anaya Gutiérrez, Yeidckol Polevnsky explicó que su propuesta busca reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la pensión que otorga actualmente el Estado sea un derecho de las mujeres de 60 a 64 años.
Destacó que actualmente las mujeres de 60 a 64 años enfrentan una etapa de alta vulnerabilidad económica y social, ya que muchas de ellas ya no participan en el mercado laboral formal, pero aún no acceden a la pensión universal para personas adultas mayores, lo que las coloca en un periodo de transición marcado por la incertidumbre económica, la dependencia y el riesgo de pobreza.
De acuerdo con datos del CONEVAL, más del 60% de las mujeres mayores no cuenta con una pensión contributiva, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente.
“Esta exclusión no es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social, a pesar de que su trabajo ha sido fundamental para el sostenimiento de las familias y comunidades del país”, aseveró la legisladora del PT.
En este sentido, y para solventar esta situación, la legisladora del PT informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, implementó un apoyo económico dirigido a esta edad; no obstante, su carácter programático lo deja vulnerable a decisiones presupuestales, cambios administrativos o futuras reorientaciones de política pública.
“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad, dejando en incertidumbre a miles de mujeres que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas”, subrayó.
Por ello, detalló que su propuesta tiene como finalidad reconocer a nivel constitucional el derecho de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado, garantizando su permanencia, universalidad, progresividad y no regresividad en igualdad de condiciones con otros derechos sociales ya reconocidos en la Constitución.
Asimismo, busca blindar este derecho frente a recortes presupuestales o cambios de administración, asegurando que el apoyo deje de ser un programa sujeto a discrecionalidad y se consolide como un derecho social pleno, orientado a reducir la pobreza, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado que históricamente han sostenido a la sociedad mexicana.
“Esta reforma constitucional es coherente con nuestra convicción histórica de que el Estado debe estar al servicio de quienes han sido excluidas, invisibilizadas y relegadas por décadas de abandono. Reconocer la pensión para mujeres de 60 a 64 años como un derecho constitucional es avanzar hacia un país más justo, donde el bienestar no dependa del mercado ni de la suerte, sino de la ley y de la dignidad humana”, dijo.
