Por Rita Magaña Torres
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en beneficio de 13.5 millones de trabajadores.
Las comisiones subrayaron que la reforma responde al principio constitucional de progresividad de los derechos laborales, y no a una concesión política.
El objetivo, señalaron, es transitar hacia un modelo que privilegie el equilibrio entre trabajo y vida personal, fortalezca el tejido familiar y social, y abandone la lógica de que más horas equivalen a mayor productividad.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva para los efectos legislativos que correspondan.
La reforma fue enviada al Congreso el pasado 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución, estableciendo una implementación gradual entre 2026 y 2030, bajo un enfoque que prioriza la salud pública, el bienestar social y la dignidad laboral de las personas trabajadoras.
El dictamen avalado en comisiones por 48 votos a favor, subraya que la reforma busca dejar atrás un esquema laboral vigente desde hace más de 100 años, y reconoce que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral del mundo, sin que ello se refleje en mayores niveles de productividad ni en una mejor calidad de vida.
Según el documento legislativo indican que las personas trabajadoras en México laboran en promedio más de 2 mil 100 horas al año, muy por encima del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, 27% de la población ocupada trabaja más de 48 horas semanales, el porcentaje más alto entre los países miembros de ese organismo.
Las comisiones dictaminadoras expresaron que esta situación tiene impactos directos en la salud física y mental de la población trabajadora.
Aunque respaldaron la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, PRI y PAN advirtieron en el Senado que la reforma propuesta por Morena y sus aliados del PT y PVEM podría convertirse en una simulación si no se garantiza un descanso efectivo de dos días y se limita el uso de horas extras.
La priista Carolina Viggiano subrayó que su partido apoya la reforma por congruencia histórica con los derechos laborales, pero alertó que reducir horas sin atender el transporte, la salud y el esquema de horas extraordinarias mantendría el agotamiento de los trabajadores.
Por ello, el PRI propuso una jornada máxima ampliada de 49 horas y un tope de nueve horas extras semanales.
En el mismo sentido, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la reforma como “justa y humana”, pero al permitir hasta 12 horas extras se abre la puerta para que se mantenga la jornada de lunes a sábado.
Además, cuestionó la gradualidad hasta 2030 y acusó al oficialismo de retrasar la entrada en vigor de reformas laborales ya aprobadas.
Ambos grupos parlamentarios adelantaron su voto a favor en lo general, aunque insistieron en que sin ajustes la reforma podría no traducirse en un beneficio real para las y los trabajadores.
El dictamen reconoce al estrés laboral como un problema estructural de salud pública, y retoma estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que vinculan las jornadas prolongadas con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y enfermedades psicosociales.
Incluso, se destaca que 75% de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, cifra que coloca al país en el primer lugar mundial en esta problemática. Se estima, además, que una cuarta parte de los infartos registrados anualmente está relacionada con factores laborales.
Para evitar impactos abruptos en la economía y en los procesos productivos, la reforma establece que la reducción de la jornada será progresiva entre 2026 y 2030, tomando como referencia experiencias internacionales como las de Chile, Colombia y Corea del Sur.
El dictamen garantiza que la disminución de horas no implicará reducción salarial y redefine las reglas del trabajo extraordinario.
Se permitirá hasta 12 horas extras a la semana, que podrán distribuirse en un máximo de 4 horas diarias, hasta en 4 días dentro de la misma semana.
El pago de las horas extraordinarias será del 100% adicional, y de hasta 200% cuando se rebasen esos límites, reforzando su carácter excepcional.
Asimismo, se endurecen las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años.
Además, se mantiene el derecho constitucional a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con goce de salario íntegro.
