Por Rita Magaña Torres
Ante la admisión de una impugnación contra la Reforma Judicial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, reconoció que la reforma debe ser revisada y corregida antes de 2027, no por presión internacional, sino por los problemas reales que ya se han presentado en su implementación, particularmente en las entidades federativas.
Entrevistado en el Senado, Corral dijo desconocer los detalles específicos de la impugnación admitida por la CIDH, pero subrayó que, como parte del sistema interamericano, el Estado mexicano deberá responder a los requerimientos que se formulen, y que el Senado también tendrá que hacerlo si es formalmente señalado.
“A México se le tiene que notificar y tendrá que responder e iniciar un proceso de revisión. Si el Senado es requerido, por supuesto que debe responder”, afirmó.
El senador de Morena consideró como el verdadero problema de la reforma: la manera en que fue trasladada y aplicada en los estados, al acusar a gobernadores y gobernadoras aprovecharon la reforma para imponer perfiles sin controles suficientes.
“En las entidades federativas ya se están generando casos ejemplares de desconocimiento brutal. Ahí se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron, y ahora estamos pagando las consecuencias”, advirtió.
Corral recordó incluso que desde el propio gobierno federal se había reconocido la necesidad de ajustes, al mencionar que la secretaria de Gobernación había hablado de una “cirugía mayor” a la reforma.
El presidente de la Comisión de Justicia insistió en que es indispensable corregir el diseño de selección de jueces y magistrados, en especial el uso de tómbolas, y reforzar los criterios de evaluación.
“Tiene que haber criterios mucho más claros del universo de candidatos. Debe privilegiarse la carrera judicial, la experiencia, el conocimiento. Tiene que haber exámenes”, subrayó.
Aclaró que esta revisión no debe hacerse por temor a una eventual condena internacional, sino como parte de una evaluación obligada del primer año de implementación de la reforma.
Sobre la elección del 50 por ciento restante de juzgadores prevista para 2027, Corral dejó abierta la posibilidad de ajustes, aunque evitó pronunciarse de manera categórica sobre una eventual postergación.
“No sé si se deba posponer o no. Si de la evaluación resulta que debe hacerse, tendría que ser. Pero creo que la revisión puede hacerse antes”, señaló.
También consideró inviable empatar la elección judicial con la elección constitucional de 2027, por la complejidad operativa que implicaría.
“De suyo la elección judicial es complicada. Sumándole todos los cargos constitucionales, sería una elección sumamente complicada. Yo recomendaría que no se juntaran”, dijo.
En el mismo contexto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, confirmaron que la CIDH admitió la impugnación contra la Reforma Judicial y aseguraron que apoyarán institucionalmente al Estado mexicano en la respuesta que se dé al organismo internacional.
Felipe Fuentes subrayó que la responsabilidad de atender el procedimiento corresponde al Estado mexicano conforme a la distribución de competencias.
“Daremos el apoyo que sea necesario vía institucional. La responsabilidad, si es que la hay, corresponde al Estado mexicano, que seguramente tendrá la mejor defensa constitucional, jurídica e internacional”, afirmó.
Por su parte, Felipe de la Mata señaló que no existen precedentes claros de un caso similar, salvo un requerimiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU ocurrido alrededor de 2013 o 2014.
Ambos magistrados reiteraron que el TEPJF está obligado a cumplir la Reforma Judicial tal como está establecida en la Constitución, y defendieron su actuación al no acatar suspensiones promovidas por jueces que intentaron frenar la elección judicial.
“En materia electoral no procede el amparo. Nunca había visto un amparo en materia electoral, y no uno, sino varios”, sostuvo De la Mata.
Añadió que el Tribunal ha ejercido sus facultades de manera estrictamente constitucional.
Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de un libro en el Senado, donde magistrados y legisladores coincidieron en que el debate sobre la Reforma Judicial no está cerrado y que su ajuste será inevitable ante los problemas detectados en su primera etapa de aplicación.
