El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, sostuvo que la próxima reforma electoral debe asumir, sin rodeos, el desafío de frenar la injerencia del crimen organizado en los comicios, revisar el modelo de elección judicial y evitar recortes presupuestales que comprometan la organización de las elecciones.
En entrevista, el integrante de la Sala Superior afirmó que el punto de partida consiste en asegurar que la ciudadanía ejerza el voto en libertad. A su juicio, la legislación requiere disposiciones claras y eficaces que impidan cualquier intervención de grupos delictivos en la jornada electoral.
De la Mata alertó sobre episodios documentados en diversas comunidades donde grupos criminales sustraen urnas el día de la elección y las regresan con las boletas marcadas. Frente a ese panorama, llamó a “tomar el toro por los cuernos” y resolver el problema estructural que amenaza la autenticidad del sufragio.
Advirtió que, mientras esa situación persista, no existen condiciones para impulsar mecanismos como el voto por internet o la expansión de urnas electrónicas. Antes de avanzar hacia innovaciones tecnológicas, subrayó, el Estado debe garantizar que cada voto se emita sin presión ni coacción.
En materia de financiamiento, reconoció que el sistema de fiscalización cuenta con herramientas complejas; no obstante, consideró necesario reforzar la vigilancia sobre el origen y destino de los recursos partidistas, con el fin de cerrar el paso al dinero ilícito en las campañas.
El magistrado también planteó una revisión de fondo al esquema de elección judicial. Entre las alternativas, mencionó modificar la fecha de esos comicios para impedir que coincidan con procesos políticos y queden sujetos a dinámicas partidistas. Afirmó que el proceso reciente se desarrolló con reglas insuficientes y un diseño precipitado, por lo que propuso evaluar la aplicación de exámenes que acrediten conocimientos jurídicos mínimos de quienes aspiren a un cargo, así como simplificar las boletas, cuya complejidad generó confusión entre el electorado.
Sobre la intención de reducir el gasto de las autoridades electorales, De la Mata señaló que la eficiencia en el uso de recursos resulta indispensable, pero advirtió que los presupuestos deben ser suficientes para garantizar la operación adecuada de cada elección.
“Reducir el gasto público o el que tienen las autoridades electorales a un punto que no puedan organizar las elecciones sería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una inversión, un gasto.”, expresó.
En cuanto a la integración del Congreso, el magistrado se mostró a favor de disminuir los escaños de representación proporcional, en especial en el Senado, al considerar que las figuras de primera minoría ya aseguran la presencia de fuerzas políticas distintas a la mayoría.
“Si lo que queremos es que haya participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Senadores, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores de representación proporcional son una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas.”
Respecto a la Cámara de Diputados, abrió la discusión sobre el tamaño del órgano y el modelo electoral vigente.
“Por otro lado, la representatividad en la Cámara de Diputados, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener este sistema mixto de mayoría relativa con alguna minoría de representación proporcional o queremos adoptar, por ejemplo, un sistema de proporcionalidad pura?”
Para De la Mata, resulta viable reducir el número de legisladores y replantear el sistema mixto actual, incluso con una circunscripción nacional única o con ajustes que limiten la sobrerrepresentación. En su visión, la reforma electoral debe concentrarse en blindar la integridad de los procesos, asegurar su viabilidad operativa y evitar decisiones que debiliten la calidad democrática del país.
