Modificar el calendario para que la elección judicial no se empalme con elecciones de partidos políticos fue puesto como ejemplo de ajuste posible en la próxima reforma electoral, a fin de evitar una sobrecarga institucional que afecte la eficiencia, luego de las áreas de mejora exhibidas en 2025, expuso Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Foro “México en Transformación: Desarrollo, Igualdad y Democracia” sirvió de marco para que el magistrado advirtiera que se debe cuidar a las instituciones y no colocarlas bajo un “estrés traumático” derivado de procesos simultáneos de gran magnitud, al participar en la mesa “Reforma Judicial y Consolidación Democrática”.
Eliminar la tómbola y sustituirla por mecanismos objetivos basados en exámenes de conocimientos, cursos y calificaciones fue otra de las propuestas señaladas, junto con establecer un solo comité de selección y reducir el número de candidaturas para simplificar boletas que, afirmó, hoy resultan excesivamente complejas; además, planteó que el Senado defina desde la convocatoria los criterios de paridad para garantizar reglas claras desde el inicio.
Disposiciones contradictorias y una aplicación práctica compleja forman parte de las deficiencias que, explicó De la Mata, presenta el modelo vigente, razón por la cual su implementación requirió que el TEPJF recurriera a principios constitucionales para hacerlo operable; aun así, llamó a evitar maniqueísmos y a revisar con racionalidad y rigor científico tanto el modelo anterior como el actual.
Transformar estructuras y mentalidades es parte del proceso de democratización del sistema de justicia, sostuvo la magistrada de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, María Guadalupe Vázquez Orozco, quien remarcó que no se trata de un punto de llegada, sino de una construcción que también exige fortalecer la independencia judicial, ampliar la legitimidad social y consolidar una justicia constitucionalmente sólida y socialmente responsable.
La apuesta de la reforma judicial fue clara y contundente: acercar la justicia a la ciudadanía, afirmó Vázquez Orozco, y explicó que ello implica no sólo abrir el acceso a los cargos mediante mecanismos democráticos, sino garantizar una justicia accesible, imparcial, transparente y sensible a la pluralidad de problemáticas sociales; acercar la justicia, sostuvo, significa construir instituciones que escuchen, rindan cuentas y respondan a una sociedad cada vez más consciente de sus derechos.
Que el método de elección por voto popular llegó para quedarse, probablemente por muchos años, fue la valoración expresada por el investigador del IIJ-UNAM y organizador del foro, Jaime Cárdenas Gracia, desde un punto de vista histórico y político.
Facilitar la votación, lograr mayor libertad en los procesos electorales de jueces, magistrados y ministros, generar condiciones democráticas y ampliar la participación ciudadana son, consideró Cárdenas Gracia, tareas que corresponden a académicos, magistradas y magistrados, así como a legisladores, con el poder revisor de la Constitución, ya que este sistema sí puede modificarse y mejorarse.
En ese contexto de cambios irreversibles, el investigador del IIJ-UNAM, Jesús Ricardo Miranda Medina, afirmó que México ingresó hace apenas unos cuantos años “a una época de transformación global en lo político, económico, social y cultural” sin marcha atrás, por lo que la reforma judicial “no es un capricho de nadie”; coincidió en que el modelo llegó para quedarse y que debe verse la forma de mejorarlo y fortalecerlo, indicó.
