La relación entre el gobierno de Jalisco y la empresa Broxel vuelve al centro del debate. Esta vez, un aviso de mantenimiento en el sistema de tarjetas de vales que utilizan policías estatales detonó inquietud entre los usuarios, quienes recordaron antecedentes de fallas con proveedores anteriores y exigieron claridad en el manejo de sus recursos y datos personales.
La compañía informó que efectuaría ajustes técnicos entre las 00:00 y las 5:00 horas, periodo en el que el plástico y la plataforma digital permanecerían fuera de operación. También recomendó anticipar consultas de saldo y movimientos. Aunque el anuncio se presentó como una medida preventiva, varios elementos de seguridad interpretaron la suspensión temporal como una señal de posible inestabilidad en el servicio.
El antecedente más citado es el de Saymoc, operadora vinculada a tarjetas de BZ Capital. En ese episodio, policías reportaron bloqueos que les impidieron disponer de su dinero. El contrato concluyó con su cancelación por presuntas irregularidades y hasta ahora no existe información pública clara sobre el destino de cerca de 480 mil pesos correspondientes a saldos de los uniformados.
A las preocupaciones por la continuidad del servicio se suman dudas operativas. Usuarios señalaron que la tarjeta de Broxel no funciona en todos los establecimientos si antes no se habilita una opción específica en la aplicación móvil. También expresaron reservas frente a la solicitud de información personal adicional para activar ciertas funciones.
Las alertas no se limitan al ámbito policial. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) pidió a sus afiliados no proporcionar datos personales extra mediante la aplicación o el portal de la firma. El sindicato precisó que el esquema no contempla comisiones ni para trabajadores ni para la universidad, pero llamó a la cautela ante cualquier requerimiento de información adicional.
En paralelo, la presencia de Broxel en programas estatales ha generado cuestionamientos públicos. Diversos reportes periodísticos refieren investigaciones federales relacionadas con la operación de la Tarjeta Única en Jalisco, instrumento utilizado para pagos de servicios y apoyos gubernamentales.
Estimaciones difundidas en medios nacionales calculan que el modelo de cobro por transacción en el sistema de transporte podría representar ingresos de hasta 16 millones de pesos mensuales para la empresa, cifra que ha puesto bajo escrutinio el alcance financiero de estos contratos.
Especialistas en transparencia y protección de datos advierten que la incorporación de intermediarios privados en la dispersión de prestaciones públicas exige reglas claras, supervisión efectiva y mecanismos sólidos de resguardo de información personal.
En este escenario, policías y otros trabajadores del sector público insisten en dos demandas básicas: acceso oportuno a sus recursos y certeza sobre el uso de sus datos. Las fallas del pasado marcan la percepción actual y alimentan una desconfianza que aún no se disipa.
