Por Maribel Islas
Luego de la violencia desatada en 20 estados por el operativo en Jalisco para detener al líder de una organización criminal, el diputado Rubén Moreira Valdez llamó a otorgar apoyos inmediatos a las víctimas de la toma ilegal de autos, quema de locales comerciales y bloqueos carreteros.
El coordinador de la bancada del PRI, señaló que las reclamaciones deben resolverse conforme a derecho y sin reclasificaciones técnicas que, en la práctica, terminan favoreciendo a las aseguradoras y perjudicando a los ciudadanos.
A través de un Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, Moreira Valdez exigió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a los órganos supervisores del sector asegurador implementar programas de acompañamiento real, no meramente formales, para quienes perdieron bienes muebles e inmuebles en esos actos delictivos.
También urgió a la Secretaría de Economía y a las autoridades estatales y municipales a diseñar un programa emergente de apoyo a pequeños comercios y negocios locales, priorizando a micro y pequeñas empresas, que hoy cargan con las consecuencias de una crisis de seguridad que no provocaron.
Asimismo, el congresista solicitó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (ISSSTE), a que suspendan el cobro de contribuciones.
Además , otorgar prórrogas temporales en el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social para las personas físicas con actividad empresarial y empresas, beneficiando preferentemente a micro, pequeños y medianos negocios.
De igual manera, pidió llamar a la FGR y a las 20 fiscalías de los estados afectados, para que agilicen las investigaciones, recordando que sin documentación oficial las víctimas no podrán sustentar sus reclamaciones ante las aseguradoras.
El exgobernador de Coahuila aseguró que el Estado mexicano no puede limitarse a celebrar un golpe estratégico al crimen organizado sin asumir plenamente las consecuencias sociales y económicas que derivan de las reacciones violentas que dicho operativo generó.
La seguridad pública, dijo, no puede medirse únicamente por la captura o abatimiento de objetivos prioritarios; también debe evaluarse por la capacidad institucional de proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que quedan atrapadas en la espiral de violencia.
“No es aceptable que cientos de ciudadanos que fueron víctimas de despojo violento hoy enfrenten una segunda batalla, ahora en el ámbito administrativo y asegurador, para poder recuperar lo que legítimamente contrataron y pagaron”, destacó.
Moreira señaló que la excepcionalidad reconocida por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirma que se trata de un fenómeno extraordinario, y ante circunstancias extraordinarias, la respuesta del Estado debe ser igualmente extraordinaria.
“Se requiere supervisión efectiva, acompañamiento institucional y certeza jurídica para garantizar que ninguna familia quede desprotegida por interpretaciones restrictivas o reclasificaciones técnicas que desconozcan la verdadera naturaleza de los hechos”, concluyó el priista.
