Por Rita Magaña Torres
El Senado aprobó la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de impulsar proyectos prioritarios mediante esquemas de inversión pública y privada.
Con 84 votos a favor y 28 en contra, el decreto fue turnado a la titular del Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor, conforme a los procedimientos constitucionales.
En la misma sesión, el Senado aprobó modificaciones al Código Fiscal de la Federación, como parte del paquete de ajustes al marco hacendario.
La reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria busca establecer un nuevo marco legal que permita atraer capital privado bajo reglas claras, transparencia y certidumbre jurídica, sin que ello implique la pérdida de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos.
Se crea un ordenamiento de 141 artículos que pretende regular mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.
Las y los senadores dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado, que plantea que los mecanismos de inversión y la contratación de proyectos estratégicos se regirán por los principios de rectoría del Estado en beneficio de la Nación, y velarán en todo momento por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano.
Además, crea la figura de los “Vehículos de Propósito Específico”, que busca generar una coordinación efectiva del sector público con los sectores privado y social, los cuales podrán constituirse a través de fideicomisos públicos o privados, mandatos, o sociedades anónimas de diversos tipos.
También instrumenta el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura, que será presidido por el Ejecutivo Federal, órgano consultivo responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.
Las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipulan, por su parte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a las dependencias y entidades, que convoquen o inicien los procedimientos de contratación, sin contar con la suficiencia presupuestaria.
Precisa que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán prever los compromisos de gasto de los contratos de inversión estratégica, para los cuales, el registro presupuestario deberá realizarse conforme a los pagos asociados a los mismos, en términos de los plazos o periodos establecidos en los contratos de infraestructura estratégica.
Senadores de Morena defendieron el dictamen al señalar que ofrece “piso parejo” a los inversionistas, al tiempo que fortalece los mecanismos de control, evaluación y seguimiento de los proyectos.
Destacaron que la iniciativa responde a la necesidad de revertir la caída de la inversión pública, que —de acuerdo con el propio documento— registró una contracción real de 28.4 por ciento el año pasado, la más severa en tres décadas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que el dictamen parte de un diagnóstico realista sobre las deficiencias en proyectos anteriores, como renegociaciones sin criterios definidos, obras inconclusas, pasivos sin fuente de pago y conflictos sociales.
La reforma fue cuestionada por la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para las finanzas públicas, la transparencia y el ahorro de los trabajadores.
Por el PRI, Rolando Zapata Bello, argumentó que el dictamen parte de un diagnóstico equivocado al atribuir la falta de inversión al sector privado, cuando el problema real es la caída de la inversión pública.
Señaló que entre 2018 y 2026 el gasto corriente creció más de 90 por ciento, mientras que la inversión en obra pública se redujo significativamente.
Advirtió que los esquemas de inversión mixta podrían ocultar obligaciones financieras al registrarse como pasivos contingentes, lo que trasladaría costos a futuras administraciones.
En la misma línea, Raymundo Bolaños, del PAN, alertó que la minuta podría derivar en mayor endeudamiento y presión sobre las finanzas públicas, en un contexto de bajo crecimiento económico y aumento de la deuda.
Indicó que en 2025 la economía creció apenas 1.7 por ciento y que la inversión pública se ubicó en su nivel más bajo desde 2007. Asimismo, criticó que la ley permita excepciones a los procesos de licitación, lo que podría incrementar las adjudicaciones directas y reducir la competencia.
“Esta minuta significa acumulación de más deuda y mayor presión sobre las finanzas públicas. Esta ley genera muchas más dudas regulatorias por falta de controles y espacios para el derroche de dinero público”, señaló.
Por su parte, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó el voto a favor de su bancada al reconocer la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado.
No obstante, expresó que el país enfrenta un escenario económico complejo, con bajo crecimiento, alta deuda y caída en la inversión productiva, por lo que insistió en la necesidad de garantizar certeza jurídica para los inversionistas.
Señaló que, si bien la ley representa un cambio respecto a posturas anteriores que rechazaban la inversión privada, debe acompañarse de condiciones que generen confianza, tanto para el sector empresarial como para la ciudadanía.
