Por Rita Magaña Torres
La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, advirtió que con la aprobación de la Ley de Infraestructura, Morena crea nuevo instrumento financiero denominado “Vehículos de Propósito Específico” (VPE), para posibilitar que el recurso de las Afores se invierta en obras de capital mixto con participa de inversión privada.
Dijo que la ley del Sistema de Ahorro Para el Retiro, permite que una parte de las Afores se utilicen en inversiones y solo faltaba el vehículo financiero para que el gobierno pudiera tomar este recurso e invertirlo en sus obras de infraestructura.
“Ahora, Morena tiene ese instrumento financiero para convertirlo en el vehículo que conecta el recurso de los ahorros de los trabajadores con las inversiones del gobierno hasta por 1.6 billones de pesos”, explicó.
También cambia la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al cambiar el término “gasto corriente estructural”, que provocará una distorsión de crecimiento del gasto corriente del presupuesto, al permitir que se eliminen conceptos de sueldos, salarios de educación, salud, seguridad pública y programas sociales.
Es decir, agrego, se quitan montos al presupuesto federal año con año y con esta disposición será más complicado alcanzar la consolidación fiscal
Expuso que con esta nueva ley el gobierno podrá contratar a un privado para que realice una obra, pero solo va a registrar como pasivo contingente lo que vaya pagando anualmente.
Indicó que dichos pasivos no se registran en los saldos históricos para los requerimientos financieros del sector público que es la forma más amplia de medir la deuda
Señaló que se subregistrarán los compromisos plurianuales para no meterlos en la deuda soberana, porque la Ley de Contabilidad Gubernamental y su reglamento permiten que lo que se ha registrado como pasivo contingente, no se sume a la contabilidad de deuda neta total, lo que provocará que las calificadoras internacionales nos pongan en la lupa y sus observaciones alejen la inversión nacional e internacional.
Por su parte, el senador priista, Rolando Zapata Bello, afirmó que el dictamen parte de un diagnóstico equivocado, al atribuir la falta de inversión al sector privado, cuando el problema central radica en la caída de la inversión pública.
Detalló que, entre 2018 y 2026, el gasto corriente federal aumentó más de 90%, mientras la inversión en obra pública registró una disminución significativa, con recortes de casi 56 mil millones de pesos en Pemex, 460 mil millones en estados y municipios y 150 mil millones en infraestructura carretera.
Ambos legisladores coincidieron en que la propuesta debilita la disciplina fiscal, reduce la transparencia y concentra decisiones en el Ejecutivo, situación que genera riesgos para las finanzas públicas y para el ahorro de millones de trabajadores, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI votó en contra del dictamen.
