Superado el escenario catastrófico, con la pandemia indómita que se encamina hacia una segunda ola, con autoridades necias en mantener la misma estrategia fallida, la tardanza hasta finales del primer semestre de 2021 en la disponibilidad de una vacuna eficaz contra el Covid-19 y con buena parte de la población reacia a seguir enclaustrada México, de manera inexorable avanza de nueva cuenta a teñirse de rojo, semáforicamente hablando.
A Chihuahua se suma Durango y están en lista de espera otras entidades más, justo cuando se tienen a la vista eventos y festejos propios de fin de año, empezando por el llamado Buen Fin que, en aras de ayudar a la recuperación económica, tendrá una mayor duración; los festejos guadalupanos, posadas y las celebraciones navideñas, de fin de año y Día de Reyes, que constituirán un desafío enorme para los tres niveles de gobierno.
Por el momento, en la administración lopezobradoriana existe relativa tranquilidad, porque las entidades federativas que están en rojo o próximas a retornar a esa tonalidad pertenecen a gobiernos de oposición.
Sin embargo, la Ciudad de México -la joya de la corona morenista-, que es la que mayores contagios acumula y lleva meses sin salir del color naranja, muestra indicadores que hacen inevitable su regreso al semáforo rojo, ya que el comportamiento de sus habitantes en días recientes, muestran un alejamiento de las sugerencias y recomendaciones de las autoridades de salud.
Si a lo anterior, se suma la errática política sanitaria del gobierno de Claudia Sheinbaum -que también resultó contagiada por coronavirus- y la reticencia a asumir los costos de medidas más restrictivas, no parece haber ninguna posibilidad de que la CDMX que evite volver al tono grana.
No en balde en algunos corrillos políticos se habla de las profundas diferencias entre la jefa de gobierno de la capital del país y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell por la determinación de la fecha en que se regresaría al semáforo rojo, pues ninguno quiere asumir la responsabilidad que tal determinación conlleva.
Este inminente retroceso constituiría un severo golpe no únicamente a la economía de la capital del país y sede de los poderes de la Unión; también implica restar credibilidad de estos funcionarios y les reduciría significativamente puntos para sus aspiraciones futuras.
En lo inmediato, es dable esperar un rojo disfrazado, mediante el cierre de algunos negocios a los que ya se les había otorgado la apertura de actividades, en espera de un milagro para que la previsible segunda oleada de contagios y decesos no sea tan severa, por haber desestimado la fuerza con la que se está presentando en otros países.
Además, la Auditoría Superior de la Federación acaba de dar a conocer que tanto la Ciudad de México como el sector salud se encuentran en el top ten de las áreas con mayores déficits en la rendición de cuentas de los recursos de 2019.
De esta forma el mal manejo de los dineros públicos y la crisis sanitaria de parte de Claudia Sheinbaum y de Hugo López Gatell, también sería un durísimo revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les ha otorgado su respaldo absoluto y, ni así, le han podido entregar buenos resultados.
Asimismo, la gestión gubernativa del propio titular del ejecutivo quedaría en entredicho, no sólo en lo relativo a la transparencia y pulcritud en el ejercicio presupuestal, sino que carecería de la suficiente autoridad para demandar a la población una actitud responsable y comprometida, cuando él nunca ha dado de ejemplo de seguir las recomendaciones del área de salud.
Ni la presumida fuerza moral y no de contagio y mucho menos los detentes frenarán, por arte de magia, nuevas infecciones y decesos que confirmarían a México y a la capital del país entre las regiones con peores resultados en la atención y combate al Covid-19.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
México es uno de los países más peligrosos de América Latina para el ejercicio del periodismo. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2000 a la fecha se han registrado 165 homicidios de comunicadores en el país, de los cuales 12 han ocurrido en 2020.
