Por: Enrique Vargas del Villar. Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México.
Introducción
El municipio es el cimiento sobre la cual se estructura nuestro sistema federal de gobierno, quienes nos decimos humanistas somos herederos de una gran tradición ideológica que ha propugnado por concebir al municipio como la base de la estructuración política nacional, tal y como este orden de gobierno es descrito en los documentos fundacionales de nuestro partido.
El municipio es el lugar donde acontecen los fenómenos que constituyen una página más de la historia de nuestro país, es aquí donde se recienten las problemáticas que competen a los tres órdenes de gobierno resolver de manera coordinada y subsidiaria.
Una de estas problemáticas es la de la seguridad misma que es abordada precisamente en el presente artículo partiendo de un breve diagnóstico del estado que guarda la seguridad nacional después de haber sido implementada la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto, de la cual formaron parte la gendarmería nacional y el modelo de mando único policial.
Lo anterior con el objetivo de determinar las implicaciones de la nueva estrategia de seguridad que ha comenzado a llevar a cabo el gobierno federal en turno y que tiene como uno de sus elementos primordiales a la Guardia Nacional.
Se presenta además un decálogo que los presidentes municipales humanistas dimos a conocer en las audiencias públicas llevadas a cabo en la Cámara de Diputados con el objetivo de dejar en claro que la estrategia para combatir la inseguridad en nuestro país solo se podrá llevar a la práctica si se conjuga un trabajo coordinado entre las policías de los tres órdenes de gobierno.
Breve análisis de la seguridad pública
El tema de la seguridad en nuestro país es preocupante, las propias instancias gubernamentales, arrojan datos negativos en cuando a esta problemática, para muestra; en el 2015 fueron denunciados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, un total de un millón 549 mil 56 delitos ante Agencias del Ministerio Público; durante el 2016, la cifra había crecido en 4.2% hasta llegar a un millón 618 mil 70 denuncias; más aún el 2017, se posicionó como el año con los peores resultados al obtener un millón 807 mil 846 denuncias.
Con los datos anteriores podemos determinar que la estrategia contra la inseguridad implementada por el gobierno de Peña Nieto, no cumplió con lo esperado; por otro lado, en el Plan para la Paz presentado por López Obrador, la logística contra la inseguridad parece no cambiar sustancialmente, para muestra la reciente aprobación de la Guardia Nacional, planteada como un organismo policial semejante a la fallida Gendarmería Nacional, esta última impulsada al inicio del sexenio presidencial de Peña. En este mismo sentido y de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, 33.3% de los encuestados considera que la estrategia contra la inseguridad de Peña Nieto y López Obrador será la misma.
Partamos de un análisis de las acciones llevadas a la práctica durante la pasada administración. Una de estas es el modelo de mando único policial implementado durante el sexenio de Peña Nieto como parte de su estrategia contra la inseguridad, este tiene su antecedente en la iniciativa que envió al Congreso en 2014, mediante la cual el Presidente buscaba que la seguridad pública pasara a ser una responsabilidad del gobierno estatal y del gobierno federal con el argumento de que la policial local en muchos municipios no dispone de los elementos suficientes para hacer frente al crimen organizado y a la delincuencia.
Una vez operado este modelo, la SEGOB ha presentado en sus informes de laborales anuales la cantidad de entidades de la república que han implementado el modelo de mando único mediante la firma de convenios con sus municipios, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:
Aún y a pesar de que se mantuvo el modelo durante casi todo el sexenio y de que el número de entidades con convenios firmados se promedia en 28, los resultados son negativos. Tan solo en Guerrero esta estrategia comenzó a operar algunos meses antes del acontecimiento de Ayotzinapa del 2014, dando muestras de ineficacia para prevenir sucesos de este tipo; en Veracruz por otro lado, según datos de “Alto al Secuestro” el número de estos delitos creció de 154 en 2013 a 316 durante todo el 2017. Asimismo, diversos municipios de Guerrero y Michoacán avanzaron lugares en la lista de los más peligrosos del país aun cuando se habían celebrado convenios entre el gobierno estatal y los municipales para desplegar esta estrategia.
Análisis de los cuerpos de seguridad locales
Antes de llevarse a la práctica, el mando único requirió desde sus inicios de un diagnóstico real de las policías locales y del marco jurídico que actualmente nos rige.
Según el último Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, existen en México 175 mil 762 servidores públicos municipales adscritos a funciones de seguridad, lo cual representa únicamente 17.3% del millón 12 mil 348 funcionarios públicos municipales del país. Si hacemos un análisis por entidad federativa, la lista de aquellas que tienen la mayor y menor cantidad de funcionarios municipales destinados a este tema es la siguiente:
Ahora bien, la mayoría de los servidores públicos municipales destinados a cuestiones de seguridad perciben un sueldo de entre mil a diez mil pesos, la tendencia del número de policías que perciben mayores ingresos es a la baja en contraste con la cantidad de dinero que ganan, para muestra el siguiente gráfico.
Resulta sorprendente que la mayoría de los servidores públicos perciba un salario menor a 10 mil pesos mensuales, sobre todo tratándose de la seguridad pública, que es la primera acción del gobierno, aquella que debe procurar sobre todas las demás y que le dan legitimidad a sus acciones; si se pierde la seguridad pública, se pierde el Estado de Derecho.
Otro de los aspectos que requieren mayor atención es el referido a la profesionalización, los datos muestran que la mayoría de los servidores públicos destinados a cuestiones de seguridad no cuentan con estudios profesionales, ya que tan solo el 4.4% está cursando o realizó estudios de licenciatura, además persiste un 0.74% del total que no cuenta con estudio alguno.
Proceso para la creación de la Guardia Nacional
Para comprender los principales hechos que se han suscitado a fin de crear la Guardia Nacional, es preciso decir que el Plan Nacional para la Paz y Seguridad que presentó el presidente López Obrador en noviembre de 2018, se compone de ocho puntos primordiales:
- Erradicar la corrupción tipificándola como delito grave y reactivar la procuración de justicia por medio de la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales y fiscales de los servidores públicos;
- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar por medio de programas de desarrollo con el fin de reducir la pobreza, marginación y desintegración familiar y ello sirva de base para disminuir la comisión de delitos;
- Tipificar como delitos a los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos;
- Regenerar éticamente a la sociedad;
- Reformular el combate a las drogas; reorientando de manera negociada y bilateral los recursos destinados para combatir su trasiego y aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación;
- Poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social;
- Recuperar y dignificar las cárceles y
- La formulación de un Plan de Seguridad Pública.
El punto número ocho, es uno de los que mayormente ha generado un amplio debate, puesto que este es el que precisamente propone la conformación de la Guardia Nacional considerando tres premisas:
1. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas: esto bajo el argumento de que es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia; además es imperativo que las fuerzas armadas participen en la construcción de la paz y en la estructuración de la Guardia Nacional.
2. Crear la Guardia Nacional: Por medio de la modificación de diversos artículos constitucionales. Esta será una corporación policiaca que se desplegará en todo el territorio nacional.
3. Coordinaciones Nacionales, Estatales y Regionales: Será dividido el territorio del país en 266 regiones en las cuales se destinarán destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público.
Cabe destacar que durante todo el proceso que ha dado luz a este organismo deseguridad se han su suscitado diversas acciones que, desde nuestra lógica, debieran ser replanteadas y repensadas de manera que la guardia se convierta en un elemento eficaz para atender el problema de inseguridad nacional.
Así es que, por un lado, mientras el proceso legislativo seguía su curso y aún no se promulgaba la reforma constitucional que avalara la creación de esta corporación, el Ejecutivo Federal ya había comenzado con una campaña de difusión que buscaba alistar jóvenes para formar parte de la guardia en total desconocimiento de los tiempos y formas requeridas para declarar legalidad de ésta. La campaña evidentemente que estaba ignorando que la propia Guardia seguía siendo un supuesto, por no haber sido aprobada aun la reforma constitucional.
Por otro lado, desde que se presentó el proyecto de decreto que buscaba crear la Guardia, y también durante la dictaminación de la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja y la propia discusión en el pleno, uno de los puntos clave fue el carácter de este organismo y el tipo de liderazgos y mando que debía tener. Hay que tener presente que diversos organismos tanto de carácter nacional como internacional coincidían en que la Guardia Nacional no resolvería el problema de seguridad y violencia. Otros más señalaban que en caso de ser aprobada, debía ser encabezada por un mando civil.
El posicionamiento de los Gobiernos Locales Humanistas con relación al tema de la seguridad
Los Presidentes Municipales Humanistas somos conscientes de que la seguridad pública es la principal demanda de la ciudadanía, por tanto, estamos convencidos que esta tiene que asumirse con un estricto sentido de responsabilidad y con una estrategia integral, bien planteada.
Desde el comienzo de la administración de López Obrador, hemos mostrado nuestros posicionamientos respecto al tema de la seguridad pública; tan solo durante el proceso legislativo para crear la Guardia Nacional, por ejemplo, participamos en las audiencias públicas el 09 de enero de 2019, manifestando nuestra postura.
Dimos a conocer una lista de diez puntos que desde nuestra lógica humanista debían ser considerados por los legisladores para la aprobación de este cuerpo de seguridad. Vale la pena hacer un recuento de estos, ya que, si bien algunos de ellos fueron considerados por los legisladores, es necesario que otros tantos se incluyan en las leyes secundarias de este ordenamiento constitucional.
El decálogo, que emana de todo un proceso de reflexión y análisis de las condiciones actuales de la inseguridad en nuestro país demandaba, en primer lugar, que la Guardia Nacional debiera ser encabezada por un mando civil y no por un mando militar como se propuso originalmente; además la actuación de las fuerzas debía estar apegada estrictamente al respeto a los derechos humanos.
Se propuso también que fueran respetadas las competencias de los órdenes de gobierno en materia de seguridad pública; con una concreta y clara determinación de los tiempos de participación de las fuerzas en los territorios locales y que esto se diera bajo el principio de subsidiariedad y no de subordinación.
Otro punto, que además fue un tema de coincidencia entre muchos de los participantes en las audiencias, fue el establecimiento de reglas claras y estrategias de apoyo para aquellos municipios que no aprueben las evaluaciones que se les pretenda realizar y que esto último no sirva en ninguna circunstancia como un motivo para disminuir las participaciones otorgadas a los gobiernos locales con el fin de atender la temática de seguridad pública. Aunado a ello, el punto numero cuatro proponía que las evaluaciones a realizarse fueran de tercera parte y con indicadores claros. De manera resumida y ordenada, los puntos dados a conocer en la audiencia, son los siguientes:
Modelo de mando mixto
Otro de los temas que figuró en las intervenciones y que ha sido una de las principales propuestas en materia de seguridad que hemos venido impulsando desde el 2015 es el modelo de mando mixto policial. El propósito fundamental de este es de crear el tipo de policía local eficiente, que responda de manera oportuna a la población; en el entendido de que las policías locales son las más cercanas a los individuos, conocen el territorio local y comprenden los temores de la ciudadanía ya que son parte de ella misma.
El modelo de mando mixto policial propone contar con un diagnóstico, que determine de manera precisa, la situación que guardan cada uno de los cuerpos de policías estatales y municipales, para ello es necesario que se dé por una instancia de tercera parte con el objetivo de darle mayor credibilidad y transparencia al mismo.
Además, será elemental que durante o después de la puesta en práctica del Modelo se realice un estudio de percepción ciudadana por medio de una consulta pública para conocer la opinión y el grado de aprobación de los elementos de las corporaciones de seguridad.
De la misma manera, será importante contar con un índice de fortaleza y capacidad policial que determine una tipología municipal con base en el grado de susceptibilidad de los municipios hacia la inseguridad y el grado de fortaleza institucional, tomando en cuenta el número de elementos policiales en cada municipio, su nivel educativo, su experiencia y su capacidad de reacción.
· Respeto a los artículos 21 y 115 Constitucionales
El mando mixto policial se apega a nuestra Carta Magna y sus leyes secundarias; es respetuoso del artículo 115, este determina que “los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre”, además “la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado” de acuerdo con la fracción VII de este mismo ordenal.
De la misma manera, se respeta el artículo 21 Constitucional, este dice que: “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas”.
· Subsidiariedad y no subordinación
Los gobiernos humanistas coinciden en que el esquema de operación para mejorar la seguridad debe estar ligado a una adecuada coordinación entre las fuerzas de los tres órdenes de gobierno y que en ninguna circunstancia se den actos de subordinación, antes bien, haya una adecuada subsidiariedad entre ellos.
Este principio, el de subsidiaridad, establece que el orden de gobierno más amplio, consolidado o mayor no debe hacer lo que el orden de gobierno más próximo o cercano a la ciudadanía puede hacer. La única razón por la cual es válida la intervención del primero en asuntos que competen al segundo es cuando este último no pueda, no sepa o no quiera resolver los problemas públicos de su comunidad; pero además la intervención tendrá un tiempo determinado y no deberá ser permanentemente.
· Homogeneización de procesos y sus pasos
Es importante que se definan protocolos de actuación de las policías municipales y estos incluyan los pasos, tiempos y formas de atender los diversos fenómenos que se les presenten a diario.
Las policías de los tres órdenes de gobierno deben homologar sus procesos para atender determinados hechos delictivos y de esta manera, se dé una participación efectiva y profesional de todos los cuerpos de seguridad pública.
· Policía preventiva y participación ciudadana
El papel de la ciudadanía en los temas de seguridad pública es muy importante, los ciudadanos son los primeros observadores de los acontecimientos que se suscitan en sus comunidades, ellos conocen la peligrosidad de cada uno de los espacios que conforman a los municipios y reconocen muchas veces a los responsables de los delitos que se cometen todos los días.
Tanto las policías de proximidad (comunitarias) como las Juntas Locales de Seguridad, son otros mecanismos para acercar a la ciudadanía a las cuestiones de seguridad pública; las primeras se encuentran cercanas a la población, escuchan a diario a la ciudadanía, forman parte de ella y por tanto comprenden su padecer; las Juntas por su parte invitan a la ciudadanía a emitir sus posicionamientos respecto del tema.
· Capacitación para la Profesionalización
El proceso de profesionalización de la policía en México debe ser completo y diversificado para formar elementos que respondan a la realidad local. Se debe considerar la formulación de una filosofía institucional en el marco de la capacitación y profesionalización de los policías.
Formular planes y programas de formación y capacitación específicos para mandos y para elementos de policía preventiva de los tres niveles de gobierno, de tal forma que se capaciten igual, en instalaciones muy similares, por los mismos instructores y con los integrantes de otras corporaciones vecinas aprovechando la implementación de academias regionales que el gobierno federal se comprometió a crear.
· Control de Confianza
Los Centros de Evaluación y Acreditación de Control de Confianza de los elementos policiales deben dar a conocer a cada municipio los resultados de las evaluaciones a sus elementos y en caso de que no las aprueben, dar una explicación de ello y con esto tomar decisiones respecto a los evaluados, ya sea que deban ser reasignados a otras áreas dentro del mismo municipio o tengan que ser capacitados para obtener mejores resultados en las siguientes evaluaciones.
· Tecnificación y ministración de recursos
Es necesario ampliar la cantidad de recursos económicos que reciben los policías locales y que estos se destinen no solo a ampliar los bienes materiales y automóviles que se utilizan para la función de seguridad pública, sino también capacitar y profesionalizar a los policías mismos.
Tomando en cuenta la tendencia creciente del número de delitos que se cometen a diario en nuestro país, el FORTASEG debe incrementar, no solo en cuanto a la cantidad total de recursos que se presupuestan para este, sino también en cuanto al número de municipios que lo reciben.
