En una acción operativa entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), y la policía municipal de Papalotla, dio como resultado el rescate de una mujer y tres menores de edad que fueron víctimas de un secuestro.
La investigación a cargo de la Unidad Especializada en el Combate al delito de Secuestro (UECS) de Tlaxcala, dio inició el 9 de septiembre, cuando se tuvo conocimiento que una mujer y sus tres hijas menores de edad, todas de identidad reservada, fueron interceptadas y privadas de su libertad en la comunidad de Acuitlapilco.
Aunado a esto, los familiares de las afectadas comenzaron a recibir llamadas telefónicas para exigir dinero a cambio de la liberación de las víctimas.
Por lo anterior y durante las tareas de inteligencia, oficiales de la Policía de Investigación establecieron que las llamadas provenían del estado de Puebla y del municipio de Zacatelco, por lo que a este trabajo de investigación se sumaron elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) y del FBI en México.
Resultado de esta coordinación y con el empleo de trabajo de campo, se logró ubicar en el municipio de Papalotla el vehículo en el que viajaban los imputados, por lo que las diversas corporaciones con apoyo de policías municipales de dicha demarcación implementaron un operativo sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, logrando interceptar una camioneta marca Chrysler, tipo Voyager, color azul.
En esta acción, se logró rescatar a las cuatro víctimas de secuestro y se aseguraron a dos hombres y una mujer que viajaban a bordo de la unidad; además, se localizó un arma de fuego en el interior de la unidad, por lo que de inmediato fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de Tlaxcala.
Derivado del trabajo de inteligencia, se estableció que Guadalupe N., de 48 años de edad, originario del estado de Puebla, presuntamente interceptó a las víctimas; Teresa N., de 31 años de edad, también originaria de Puebla, fungió presuntamente como cuidadora de las afectadas; y Jorge N., de 49 años, originario del Estado de México, presuntamente participó como negociador.
Con esta información, el Representante Social de la UECS trabaja en la Carpeta de Investigación radicada, para aportar los datos de prueba contundentes que permitan ejercitar acción penal en contra de los imputados, y en su momento, obtener una sentencia ejemplar.
