Aun cuando la facultad para denunciar operaciones con recursos de procedencia ilícita, cae en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, inició procedimientos contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
Tal como se observa en el oficio 529-I-001/21, el pasado 17 de enero, Romero Aranda acusó a Álvarez Puga y Gómez Mont por este delito, no obstante que el Código Fiscal de la Federación no lo tiene previsto.
A la fecha, ambos son perseguidos por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, mismo que es parte del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, como señala la causa penal 314/2021, que analiza el juez Iván Aarón Zeferín Hernández.
Bajo este mismo esquema, los miembros del Foro Consultivo del Conacyt son acusados por recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades, por lo que se pide sean investigados por este mismo delito, así como por delincuencia organizada.
De acuerdo con el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para realizar una denuncia por lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano se debe recurrir a esta dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La querella contra Álvarez Puga y Gómez Mont fue interpuesta a comienzos 2021 con apoyo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; mientras que la segunda llegó en agosto, pero al igual que la primera no contó con intervención de la UIF y no se brindó previo aviso.
Asimismo, se dio a conocer que Carlos Romero Aranda firmó en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, tras referir que no se presentaron a laborar, y para acelerar los trámites.
Con dicha maniobra se dejó al margen a Santiago Nieto, titular de la UIF, así como a otros servidores públicos con facultades para bloquear cuentas e interponer denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ante estos factores y al tomar detectar que la FGR no estableció comunicaciones con personal de la UIF para perfeccionar las denuncias, expertos en materia penal explicaron que un amparo podría frenar la orden de captura contra Víctor Álvarez Puga, Inés Gómez Mont y los 31 científicos acusados.
Además agregaron que la forma de conducirse de Romero Aranda y Gertz Manero es violatoria de la normatividad interna de la Secretaría y diversos compromisos internacionales, entre ellos, el asumido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mismo que otorga facultades exclusivas a la UIF en cuanto a este delito.
En esferas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador comentaron que existe molestia por la maniobra, motivo por el que ambos serían llamados a comparecer. Por otra parte, exponentes de jurídicos y políticos dieron a conocer su preocupación ante el uso de figuras fuera de la ley, que podrían desembocar en un desequilibrio de atribuciones.
