El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ,de Seguridad, Justicia y Legalidad, presentó el estudio “Tres años sin Gobernabilidad, Resultados, ni Rumbo fijo en Seguridad”, el cual advierte que, de las promesas de conseguir la paz, terminar con la guerra contra el narco y regresar el Ejército a sus cuarteles, ahora tenemos más violencia, más impunidad, menos instituciones para enfrentar la crisis de seguridad y tres veces más efectivos de las Fuerzas Federales en las calles.
El análisis de los 36 meses de la presente administración federal revela que hay un auténtico deterioro de las condiciones de gobernabilidad que es evidente no solo en las condiciones de seguridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el presidente, en la gestión de la crisis migratoria por parte de la Guardia Nacional, en la atención a las víctimas, en la criminalización que se ha hecho de los jóvenes y de los pobres, entre otros.
El director del ONC, Francisco Rivas, lamentó que el presidente de la República no aproveche la mayoría que tiene en el Poder Legislativo, como un instrumento de gobernabilidad. Los tres Poderes de la Unión, sostuvo, deberían actuar en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en leyes eficientes y se refleje en políticas públicas efectivas.
El estudio destaca que el titular del Ejecutivo Federal ha presentado 41 iniciativas ante el Congreso de la Unión, pero solo 6 son las que están relacionadas con asuntos de seguridad pública y nacional.
Dicha agenda legislativa no se orienta al fortalecimiento de las instituciones, sino a dotar de mayor respaldo a la labor de las se- cretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, en las diversas encomiendas que han recibido desde la Presidencia de la República.
Rivas señaló que con la creación la Guardia Nacional,su distribución en 266 coordinaciones regionales, se planteó atender la violencia a partir de algunos criterios locales. Luego, el gobierno optó por atender 17 municipios prioritarios y posteriormente amplió la lista a 50 tal como ocurrió en el sexenio pasado desde una visión central y alejada de los actores sociales locales.
“Esta regionalización es altamente reactiva y cortoplacista. Este mes asignaron personal adicional en Quintana Roo y Zacatecas. Las autoridades están ensimismadas con la operación diaria y no ven lo que puede suceder a largo plazo”, indicó.
El informe profundiza en el análisis de las acciones contra delitos específicos como el tráfico de armas, la producción y trasiego de fentanilo, el secuestro, la piratería marítima, el robo de hidrocar- buros y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este sentido, Francisco Rivas destacó la efectividad de las medidas contra la piratería marítima, pero señaló que ante el secuestro, esta administración ha recortado 31.3% los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro respecto a lo asignado en su origen.
Asimismo alertó sobre el uso de la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es de suma importancia, dijo, evaluar los alcances de esta disposición, pues a la fecha, se desconoce si esta medida temporal ha resultado en más decomisos definitivos derivado de los procesos penales federales por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El análisis del ONC también examina las acciones para proteger los derechos humanos, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la atención a víctimas y la política social. De acuerdo con este no hay evidencia de que exista una aten- ción efectiva a las poco más de 270 mil víctimas de desplazamien- to forzado interno a causa de la violencia.
El documento advierte también que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, recibió 40 mil millones de pesos en 2019, 24,958 millones en 2020, 20,600 millones en 2021 y para 2022 se proyecta que recibirá 21,196 millones, lo que representa el mayor recorte presupuestal que ha tenido, a pesar de ser uno de los proyectos prioritarios de esta administración.
Francisco Rivas recordó que el discurso presidencial es reiterativo sobre el efecto de este programa en la paz, al asegurar que de esta manera evitan que los jóvenes sean reclutados por el crimen, sin embargo, aclaró, la política social no es política de seguridad. Refirió que este programa cambia constantemente de población objetivo lo que dificulta una evaluación rigurosa de su impacto en términos de seguridad.
“Asegurar que la pobreza o la falta de oportunidades llevan necesariamente a los jóvenes a delinquir es una visión incompleta del problema.