Por Rita Magaña Torres
Los coordinadores del PAN y del PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso, porque no incluye mecanismos para sancionar con la pérdida del registro a partidos que reciban recursos del crimen organizado, punto central que debía atender la propuesta presencial.
Señalaron que tampoco incorpora sanciones severas contra financiamiento del crimen organizado en campañas, al considerar la iniciativa como un intento de concentración de poder y debilitamiento institucional.
Los coordinadores del PAN y PRI coincidieron en señalar que otro de los problemas no resueltos es la llamada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, al cuestionar que un partido con determinado porcentaje de votos obtenga una proporción mayor de curules.
En entrevista, Manuel Añorve calificó la iniciativa presidencial como la “ley Maduro”, al afirmar que representa un intento de control institucional similar a modelos autoritarios en América Latina.
Aseguró que la propuesta busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) mediante recortes presupuestales y modificaciones al sistema de representación proporcional.
Comparó los recursos asignados al INE con el presupuesto de proyectos federales, al afirmar que el órgano electoral enfrenta limitaciones financieras frente a otras prioridades del gobierno.
El senador del PRI sentenció que la reforma electoral aaafectar la libertad de expresión si se otorgan facultades para supervisar contenidos en procesos electorales.
También en entrevista, Ricardo Anaya afirmó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum no contiene medidas claras contra el financiamiento ilícito y ni siquiera menciona explícitamente al “crimen organizado”.
Indicó que la exigencia de su bancada era establecer como sanción la pérdida del registro del partido en caso de comprobarse si recibió recursos del crimen organizado y al no incluirse ese punto el PAN votará en contra.
“El problema central de la democracia mexicana es que el narco financia campañas y coloca candidatos. La reforma debía resolver eso, pero no lo hace”, señaló.
Ante el impulso por parte del gobierno federal de un eventual “Plan B”, Ricardo Anaya advirtió que podría tratarse de modificaciones a leyes secundarias que —desde su perspectiva— podrían contravenir la Constitución.
Acusó que en la reforma electoral de Sheinbaum parte de una estrategia más amplia de concentración de poder y su partido considera que no existe disposición al diálogo por parte del oficialismo.
En contraste, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, reconoció la actitud de apertura y pluralidad de la presidenta respecto al debate de la reforma electoral.
Destacó que la mandataria ha mostrado disposición para escuchar distintas posturas, aunque mantiene una posición clara sobre su propuesta.
