El programa estatal de reforestación “Bosques Ciudadanos”, entregado a la organización civil Reforestación Extrema, es puesto bajo la lupa por presuntas irregularidades en el manejo de más de 270 millones de pesos y por la falta de transparencia en su operación. Así lo reveló el diario Reforma (El Norte) en una serie de reportajes publicados los días 4 y 5 de mayo.
La iniciativa, creada como una vía para mitigar el impacto ambiental de empresas y particulares mediante aportaciones económicas, fue adjudicada de forma directa en marzo de 2023 a Reforestación Extrema, por medio de un convenio firmado por Félix Arratia, entonces secretario de Medio Ambiente del estado y actual alcalde de Juárez, por Movimiento Ciudadano. En virtud del acuerdo, los recursos no ingresan a las arcas públicas, sino que son canalizados directamente a la asociación que encabeza Cosijoopii Montero, sin pasar por mecanismos de licitación ni supervisión pública.
Aunque el gobernador Samuel García aseguró que durante su administración se han plantado más de 650 mil árboles con un presupuesto de 300 millones de pesos, el último informe oficial disponible, correspondiente a junio de 2024, reporta apenas 5 mil 176 árboles sembrados, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de los datos presentados por el Ejecutivo estatal.
A ello se suman los señalamientos sobre el destino del presupuesto ejercido. Según la investigación de Reforma, cerca de una tercera parte de los recursos ha sido asignada a empresas con vínculos familiares con funcionarios del propio gobierno estatal, como Viveros Regionales y Arbolmax, relacionadas con Érik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del estado.
Expertos consultados por el mismo medio han cuestionado que el diseño del programa excluya al Estado del control directo del dinero y se haya otorgado sin procesos de competencia técnica ni rendición de cuentas. Un biólogo entrevistado advirtió que se favoreció a Reforestación Extrema sin que existiera una evaluación técnica de su capacidad operativa ni convocatoria abierta.
A pesar de las solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni el Gobierno del Estado ni la organización civil han publicado los reportes trimestrales sobre el avance del programa, lo que alimenta la percepción de opacidad y debilita la confianza en el uso de los recursos.
