Por un fallo que otorgó prisión domiciliaria a un presunto feminicida, y en medio de la polémica que derivó en protestas sobre Insurgentes Sur, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) determinó la suspensión temporal de la jueza federal Aneshuarely Amarande Riojas Orozco.
El secretario de acuerdos Pablo Sánchez Martínez quedó a cargo del despacho luego de que, según fuentes del ámbito judicial, el viernes pasado se notificara la medida a la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
Con apenas siete meses en funciones, la juzgadora se convirtió en la primera jueza penal en la capital electa por voto popular en ser suspendida, lo que se reflejó desde este lunes al dejar de aparecer como titular en la página oficial del Órgano de Administración Judicial.
Fuentes judiciales señalaron que la suspensión estaría relacionada con el fallo emitido en el caso del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, aunque hasta el momento el TDJ no ha informado oficialmente las causas de la separación del cargo.
Con huellas de violencia y un gancho de plástico clavado en la garganta, la víctima fue encontrada el 18 de marzo de 2019 en un departamento de la colonia Álamos, lo que derivó en su hospitalización; posteriormente, el 26 de abril del mismo año falleció a consecuencia de las lesiones.
Por el presunto feminicidio y en cumplimiento de una orden de aprehensión, Mario Alberto Sabag Corona, quien fuera su pareja sentimental, fue detenido el 30 de marzo de 2023 en Culiacán, Sinaloa; posteriormente, la Policía de Investigación de la Ciudad de México lo internó en el Reclusorio Oriente, donde fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada.
Para continuar su proceso fuera de prisión, el 22 de mayo del año pasado Sabag promovió un amparo con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a revisar la prisión preventiva cuando el imputado cumple dos años en reclusión.
El 23 de marzo pasado, mediante un fallo, Riojas Orozco concedió el amparo, ordenó el cese de la prisión preventiva justificada y estableció que no se le volviera a imponer dicha medida cautelar; en consecuencia, el juez de control Armando Anzaldo Izquierdo le otorgó la prisión domiciliaria.
Familiares y amigos de la víctima realizaron el 9 de abril una protesta que incluyó el cierre de la Avenida Insurgentes Sur, a la altura de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, para exigir la renuncia de la juzgadora.
Al señalar que la jueza no se excusó del caso pese a haber realizado manifestaciones públicas contra el despacho Nassar Daw Abogados, Austria Pamela Valdez Sánchez, hija de la víctima, presentó ese mismo día una queja ante el TDJ en la que solicitó su suspensión inmediata.
