Gerardo Vargas Landeros, alcalde desaforado del municipio de Ahome, fue vinculado a proceso penal el martes 4 de junio por presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lo acusa de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, bajo la causa penal 830/2025.
El juez de control, Carlos Alberto Herrera, resolvió continuar con el proceso judicial y concedió un plazo adicional de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Mientras tanto, Vargas Landeros deberá acudir periódicamente a firmar ante las autoridades y tiene prohibido salir del país.
El caso se originó tras la firma, en diciembre de 2021, del contrato DA-Arrendamiento-018-2021, por un monto de 171 millones 451 mil pesos. La fiscalía sostiene que el acuerdo se celebró sin licitación pública, lo cual contraviene la Ley de Adquisiciones.
El contrato fue adjudicado a la empresa Grinleasing SAPI de CV. Sin embargo, un día después, esta compañía subarrendó las unidades a Casanova Vallejo, empresa inhabilitada y ligada a los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova. Este esquema fue expuesto en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, incluida en la solicitud de desafuero contra Vargas Landeros.
De acuerdo con la fiscalía, Grinleasing no contaba con la infraestructura ni la solvencia financiera necesarias para ejecutar el contrato, por lo que recurrió a un tercero. El Ministerio Público argumenta que una revisión adecuada del mercado y una evaluación de la empresa adjudicataria habrían evitado que recursos públicos se vieran comprometidos.
Casanova Vallejo, a pesar de su sanción administrativa, impugnada ante tribunales, aparece también involucrada en un caso similar en Culiacán. Bajo la administración del entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro, las mismas empresas participaron en el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura, contrato que también derivó en un proceso penal.
Información del sistema Compranet indica que la empresa Casanova Vallejo ha continuado sus operaciones con entidades públicas. Entre 2022 y 2025, firmó 84 contratos con el gobierno federal por un total de más de 519 millones de pesos.
La fiscalía ya notificó a la Unidad de Extinción de Dominio para determinar si el caso amerita la apertura de un procedimiento adicional sobre los bienes relacionados.
