Acusaciones por corrupción, extorsión y uso indebido de recursos públicos han puesto en entredicho la gestión de Ana María Castro Fernández, alcaldesa de Tultitlán por Morena. Diversos testimonios y denuncias señalan una red de presuntas irregularidades operadas desde el interior del Ayuntamiento, con la complicidad de altos funcionarios y familiares cercanos a la edil.
Pese a que el municipio forma parte de la Alerta de Violencia de Género desde 2015 y se encuentra en la lista de las 50 demarcaciones prioritarias en seguridad del gobierno estatal, Tultitlán no fue incluido en la “Operación Liberación”, el mayor operativo federal contra la extorsión realizado en julio de 2023 en el Estado de México.
Empresarios locales denuncian una política sistemática de hostigamiento por parte del gobierno municipal. Las autoridades, afirman, suspenden actividades comerciales tras inspecciones arbitrarias y citan a los dueños en espacios informales para negociar la reapertura a cambio de pagos irregulares. Uno de los funcionarios señalados es Erick Isachar Vega Chavarría, coordinador general de la Oficina de Presidencia, quien, según los testimonios, actúa con la venia de la alcaldesa.
La estructura de poder también ha sido cuestionada por sus aparentes vínculos familiares. Ana María Castro es cuñada de la exalcaldesa Elena García Martínez, mientras que su esposo, José Alfredo Contreras Suárez, funge como secretario del Ayuntamiento. Esta cercanía ha generado sospechas sobre la concentración de decisiones y la falta de contrapesos dentro del gobierno municipal.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México confirmó que investiga tanto a Castro Fernández como a García Martínez por presunto desvío de recursos, irregularidades en contrataciones y posible malversación en la ejecución de obra pública. También se indagan empresas fachada y el uso clientelar de programas sociales.
Hasta ahora no se ha anunciado una intervención oficial, aunque fuentes cercanas a los gabinetes de seguridad estatal y federal advierten que el caso se mantiene bajo observación, ante la presión social que exige frenar los abusos y garantizar la legalidad en el municipio.
