Con el objetivo de promover y fortalecer la propuesta en materia de infraestructura presentada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México realizó ayer martes el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar.
La sede fue el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, donde se reunieron representantes del sector empresarial, especialistas en desarrollo y energía, y legisladores, para un intercambio de diálogo y análisis sobre los retos y oportunidades de la infraestructura para el bienestar.
La necesidad de un marco jurídico robusto, que otorgue certeza a las inversiones y convierta los proyectos de infraestructura en un motor efectivo de bienestar para la ciudadanía, fue subrayada por Ramírez Cuéllar durante su intervención.
“El presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades de infraestructura que requiere México. Tenemos que reconocer que la magnitud de las carencias y de los retos en conectividad, movilidad, energía y servicios públicos demanda mucho más de lo que el erario puede aportar. Por eso, es indispensable que impulsemos esquemas de coinversión público-privada, que nos permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la realización de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional”, afirmó.
El legislador situó la infraestructura más allá de la obra física, al definirla como un servicio esencial para garantizar derechos, mejorar la competitividad y promover el desarrollo social.
“Un hospital, una carretera, un sistema de transporte o un proyecto energético no tienen sentido si no cumplen con la función de acercar servicios de calidad a la población. La infraestructura debe ser la columna vertebral de una estrategia de bienestar para las próximas décadas”, sostuvo.
También destacó que la infraestructura depende de la energía. Recalcó que las reformas recientes en materia energética abren la puerta a un modelo más limpio y soberano, capaz de sostener crecimiento económico y justicia social.
“Hoy contamos con mejores condiciones para impulsar la transición energética, garantizar la soberanía del sector y construir un país con servicios asequibles, limpios y accesibles para todos. La infraestructura y la energía deben caminar de la mano para asegurar un bienestar integral”.
A lo largo del foro, los ponentes coincidieron en fortalecer la planeación de largo plazo mediante proyectos que trasciendan administraciones y coyunturas políticas, y que reporten beneficios tangibles a la sociedad; se insistió, además, en reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de rendición de cuentas para que la participación privada aporte al desarrollo nacional sin comprometer el interés público.
El debate incorporó, asimismo, la urgencia de descentralizar los beneficios, de modo que la infraestructura no se concentre en grandes ciudades y llegue a comunidades rurales y zonas marginadas.
La sesión concluyó con un llamado a convertir la iniciativa de Ley en un instrumento de transformación capaz de movilizar recursos, atraer inversión, fortalecer la transición energética y, sobre todo, colocar a la ciudadanía en el centro de la política de infraestructura.
Asistieron, entre otros, Miguel Sergio Silíceo Valdespino, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP; Dr. Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex; Ing. José Antonio Hurtado, director general de Cox Energy en México; Lic. Valeria Vázquez Maulén, Socia de Venture-Lex; Lic. Ariel Ramos Marcín, Transactional International Lawyer, Energy & Infrastructure; Ing. Luis Méndez Jaled, presidente de la Comisión de Infraestructura del CCE y presidente nacional de la CMIC; y en la clausura el Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
