Servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México acusan a la titular de la dependencia, Hilda Salazar Gil, de utilizar su posición para perseguir y hostigar a funcionarios con intereses políticos. A pesar de su discurso de honestidad y legalidad, denuncian que la Contraloría se ha convertido en un instrumento para intimidar a quienes no son afines a funcionarios de alto nivel del gobierno estatal.
De acuerdo con las denuncias internas, la secretaria Salazar Gil estaría utilizando herramientas de control, como el Sistema de Atención Mexiquense y procedimientos de auditoría, para iniciar procesos contra servidores públicos “incómodos”.
Estas acciones, que supuestamente se llevan a cabo bajo la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, buscan la destitución o el hostigamiento de quienes se han manifestado en contra de actos de corrupción.
Trabajadores de la misma secretaría señalan que, de forma paralela, se les presiona para no dar curso a las denuncias de corrupción que se presentan contra funcionarios cercanos a Salazar Gil. En contraste, se estarían fabricando denuncias a través del Sistema de Atención Mexiquense para incriminar a quienes han expresado su inconformidad con estas prácticas.
Este encubrimiento de actos ilícitos dentro de la misma dependencia encargada de combatirlos, ha generado un ambiente de desconfianza e incertidumbre.
Esta situación ha provocado una ola de renuncias entre el personal de la Contraloría, quienes argumentan “hostigamiento laboral” y “trato inhumano” por parte de la secretaria, al no acceder a actos u omisiones que van en contra de la normatividad vigente.
Los empleados afirman que no están dispuestos a participar en actos de ilegalidad y que se sienten abandonados por la Gobernadora, ya que, a su juicio, son evidentes los actos de corrupción, el mal ambiente laboral y las condiciones de trabajo que prevalecen en la dependencia, que paradójicamente es la encargada de combatir este tipo de ilícitos.
