Por Rita Magaña Torres
Con el impulso de Morena y sus aliados PT y PVEM, el Senado aprobó, en lo general, la nueva Ley General de Aguas, un ordenamiento que, según los morenistas, garantiza el agua como derecho humano e impide su mercantilización, pero la oposición consideró que abre la puerta al “control político” del recurso.
En “fast track”, dispensa de trámites y sin acompañamiento de la oposición, el decreto fue enviado de forma inmediata a la titular del Ejecutivo Federal para su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación.
Desde la llegada de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la tensión se respiró en los pasillos y estalló minutos después en el pleno.
En los escaños de Morena se alzaban carteles con la leyenda: “El agua es vida, no mercancía”.
En cambio, en la bancada priista había otras frases: “Morena traiciona a los campesinos”, “No a la reforma del agua”, “¡Aguas con el agua!” e incluso un provocador “Si Zapata viviera… con esta pinche ley no estuviera”.
La guerra de cartulinas apenas fue el preludio, porque después algunas senadoras del PAN desplegaron una gran manta en la zona lateral izquierda de Salón de Plenos, donde estaba plasmado el dibujo de un campesino e impresa la leyenda:
“Expropiar el agua es condenar al campo a pobreza, a la falta de alimentos para el pueblo…”.
La sesión abrió con una esgrima verbal inmediata entre Ricardo Anaya, coordinador del PAN, y el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.
La oposición presentó una moción suspensiva para detener el proceso “exprés”, pero fue rechazada sin titubeos.
En tribuna, Anaya soltó la acusación que encendería todo: “Vamos hacia una dictadura donde Morena controla todo, incluso el agua”.
Con el ejemplar de la minuta en la mano, afirmó que la reforma contiene “dardos envenenados” que permitirían al gobierno decidir discrecionalmente la reasignación de concesiones:
“Ahora si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron ustedes un nuevo procedimiento. Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena. En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al gobierno”, indicó.
El panista agregó que, antes de la reforma, un campesino podía transmitir la concesión de agua ligada a su tierra; ahora —según él— ese derecho desaparece. Interrumpido una y otra vez desde la bancada oficialista, Anaya pidió detener el reloj y respondió con dureza:
“No sean ignorantes, lean el artículo 22… Vamos derechito a un régimen autoritario”, dijo.
El debate subió de tono cuando acusó a Morena de utilizar el discurso contra “acaparadores de agua” como arma política y reveló que Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, sería uno de los mayores concentradores de concesiones en el país.
Concluyó con un mensaje a gritos, entre aplausos de su bancada: “No les interesa el agua, les interesa el control político. ¡Que viva la libertad y que viva México!”.
Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, subió a tribuna de inmediato para responder.
Acusó a Anaya de mentir deliberadamente y de arrastrar desde hace años una obsesión personal:
“A la paciencia y la prudencia, el político debe de añadir otra virtud y esa virtud es de no pasar el resto de su vida política, pública y privada lamiéndose las heridas que nunca le van a cerrar.
“Tal parece que les duele todavía la apabullante derrota del 2018. Ese es un trauma que el senador que presentó la moción nunca va a poder superar”, expresó.
El morenista aseguró que la transmisión de derechos no desaparece, y leyó el artículo 49: “La nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso y aprovechamiento del agua. La autoridad expedirá un nuevo título conforme al volumen original”.
López Hernández dijo que la reforma no busca control político, sino cumplir una promesa de campaña y garantizar el acceso al agua como derecho humano.
Paloma Sánchez, del PRI, manifestó su rechazo a la ley, asegurando que no atiende las necesidades de los productores y campesinos, sino que más bien los criminaliza.
“Con esta ley lo que quiere el gobierno es criminalizar a los productores y a los campesinos. Ahora son a ellos a los que persiguen en lugar de ir en contra de los delincuentes.
“A esos no, a esos Morena los abraza y no los toca. Si todos sabemos, al menos en Sinaloa, que los distritos de riego los controla el narcotráfico, pero eso sí, no los investigan”, señaló.
Insistió en que la esencia del oficialismo no es luchar por la justicia, sino “administrar la ilegalidad”.
Recordó que el agua es un bien nacional, pero no propiedad del gobierno.
Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo acusó que la ley no devuelve el agua al pueblo, sino que la centraliza en el gobierno: “Este no es un proceso de democratización del agua. Es recentralización”.
A pesar de la ligera tormenta, el Senado avaló uno a uno los ejes que modifican el uso, transmisión y penalización en torno al recurso hídrico.
1.- Entre los puntos más relevantes:
Restricciones a transmisión de derechos
El nuevo Artículo 22 limita la transmisibilidad de concesiones y asignaciones. Solo habrá reasignación en casos de compraventa de propiedad, herencias o fusiones, y deberá resolverse en un máximo de 20 días hábiles.
2.- Prórrogas más claras (Artículo 24)
Los concesionarios podrán solicitar prórroga hasta tres años antes del vencimiento, y no después de seis meses antes de la expiración.
3.- Cambios de uso en actividades agrícolas (Artículo 49)
La venta de tierras agrícolas no será considerada cambio de uso si permanece en actividades agropecuarias o acuícolas.
4.- Penas por traslado ilegal de agua (123 Bis 3)
•Hasta 50,000 litros: 3 a 5 meses de prisión.
•Más de 50,000 litros: 6 a 8 meses.
5.- Castigos más severos a funcionarios (123 Bis 5)
Pasan de 1–8 años a 2–14 años para quienes otorguen concesiones a cambio de beneficios personales.
6. Candados contra acaparamiento (Transitorios)
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá implementar un programa para prevenir concentraciones excesivas de agua. Además, durante la implementación de la ley se deberá asegurar una “gestión hídrica responsable”.
