El incendio registrado en la planta de tratamiento de residuos de Simeprode, en Salinas Victoria, Nuevo León, volvió a poner en evidencia las deficiencias en la supervisión y mantenimiento de una de las instalaciones más relevantes para la gestión ambiental del estado.
Empresarios de distintos sectores, que pidieron mantener el anonimato, denunciaron que mientras la Secretaría de Medio Ambiente endurece inspecciones y clausuras por faltas administrativas menores, el propio gobierno estatal descuida la operación y seguridad de instalaciones públicas como Simeprode.
Según representantes empresariales, la dependencia encabezada por Raúl Lozano Caballero ha mantenido una política de inspección rigurosa y sancionadora contra compañías privadas, sobre todo en los sectores de la construcción, las mineras, la metalurgia y el reciclaje.
De acuerdo con reportes oficiales, el siniestro comenzó alrededor de las cinco de la mañana del miércoles 29 de octubre dentro del complejo de Simeprode, ubicado en el kilómetro 10.5 de la Carretera a Colombia. Cuerpos de Bomberos y Protección Civil estatal y municipal se movilizaron para contener el fuego que consumía montones de desechos domésticos e industriales.
Aunque las autoridades aseguraron que no hubo personas lesionadas y que el incendio fue controlado, las causas siguen sin aclararse. El director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos, reconoció que no se descarta un origen intencional, pero admitió que el personal y los recursos disponibles son insuficientes para mantener una vigilancia continua.
“Nos clausuran por diferencias mínimas en permisos, pero en sus propias instalaciones ocurren incendios por falta de mantenimiento. Es un doble discurso”, señaló un empresario del sector construcción. Otro representante de una empresa extractiva agregó que las visitas de la Policía Ambiental se han vuelto una forma de presión económica: “Ya no se trata de cuidar el medio ambiente, sino de encontrar cualquier pretexto para multarnos. Pero cuando algo pasa en el gobierno, nadie asume responsabilidad”.
Vecinos de colonias como Villas del Arco y Huertas de San Mario afirmaron que el humo del incendio llegó hasta zonas habitacionales, pese a los comunicados oficiales que aseguraban que no había riesgo. “Durante la madrugada se veía el fuego y olía a plástico quemado. Nadie vino a informarnos qué hacer ni si era peligroso”, relató una vecina.
Los testimonios coinciden en que no hubo brigadas informativas ni monitoreo ambiental durante o después del siniestro, lo que generó preocupación entre los habitantes.
Fuentes internas de Simeprode aseguraron que en los últimos meses se han reducido los presupuestos operativos y el número de técnicos especializados, limitando las labores de prevención de incendios y mantenimiento de equipos críticos.
Especialistas en gestión ambiental advierten que la falta de inversión en sensores de temperatura, sistemas de control de gases y mecanismos de detección temprana eleva considerablemente el riesgo de siniestros en plantas de tratamiento de residuos.
Además, apuntan que el gobierno estatal ha destinado buena parte de sus recursos a obras vinculadas con el Mundial 2026, como la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, dejando en segundo plano los proyectos ambientales. “No es falta de conocimiento, sino de prioridades políticas. Se privilegia la infraestructura visible sobre la protección ambiental”, señaló un académico especialista en políticas públicas.
El episodio reaviva el debate sobre la política ecológica del gobernador Samuel García Sepúlveda, quien ha defendido la actuación de su administración en este ámbito. Sin embargo, el caso Simeprode deja al descubierto las limitaciones del Estado para prevenir y responder ante emergencias ambientales que surgen de su propia operación.
Mientras el gobierno presume firmeza ante el sector privado, el descuido y la falta de mantenimiento en sus propias instalaciones evidencian un desequilibrio preocupante.
