Por Rita Magaña Torres
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado impulsa dos iniciativas, una de carácter constitucional y otra legal orientadas a la fiscalización en tiempo real y la transparencia total de obras públicas.
El blanquiazul busca que mediante auditorias en tiempo real cuando haya indicios o denuncias de corrupción, sobreprecios o accidentes.
El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, señalo que no es un tema técnico administrativo, sino de impunidad y de las consecuencias reales que todo ello tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos.
Señaló que cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos, sino también se pierden oportunidades, se pierde la confianza y en el peor de los casos se pierden vidas humanas.
Recordó los señalamientos y las deficiencias reiteradas en la planeación, contratación, ejecución y comprobación del gasto en proyectos como el tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles y el reciente accidente en el tren interoceánico que cobro la vida de 14 personas y dejo casi 100 heridos.
“El dinero público no puede ser un secreto. Por ello planteamos que en ningún caso pueda reservarse información relativa al ejercicio de recursos públicos.
“Ni siquiera bajo el argumento de seguridad nacional, porque la seguridad nacional no se protege ocultando contratos, costos o pagos, se protege garantizando legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, resaltó.
Además, mencionó que se propone que cuando existan indicios de corrupción sobre costos injustificados o accidentes en infraestructura pública, la Auditoría Superior de la Federación esté obligada a revisar de inmediato durante el ejercicio fiscal en curso y también de ejercicios anteriores, sin permisos discrecionales, sin excusas administrativas y sin pretextos políticos.
Añadió que no lo dicen los medios de comunicación, lo documentan los propios informes de la Auditoría Superior de la Federación
Sobre costos sin explicación, contratos modificados una y otra vez en exceso, información fragmentada o clasificada.
“Y cuando se pregunta, cuando se solicita información, la respuesta suele ser el silencio o la reserva, como si el dinero público pudiera gastarse a escondidas, como si la Constitución admitiera zonas oscuras, como si la fiscalización fuera un favor y no una obligación”, afirmó.
Insistió que las consecuencias ahí están, como el caso reciente del Tren Interoceánico, donde un descarrilamiento que dejó personas fallecidas y decenas de lesionados, fue un accidente que según las primeras versiones oficiales se pretende reducir a un problema operativo sin revisar a fondo si existieron fallas estructurales, deficiencias en la infraestructura o irregularidades en su construcción.
Recordó que La Auditoría Superior de la Federación fue creada para ser el principal dique de contención frente al abuso de poder en el uso del dinero público, para vigilar cada peso del del erario y que se cumpla con el objetivo y el propósito de este, para prevenir, detectar y sancionar irregularidades.
Sin embargo, precisó que este dique tiene grietas graves, grietas legales que impiden auditar en tiempo real, que permiten reservar información bajo el pretexto de seguridad nacional y que obligan a esperar años para revisar obras que ya presentan sobrecostos, fallas estructurales e incluso accidentes fatales.
Acusó que desde el 2018, el gobierno federal apostó por un modelo de desarrollo basado en grandes obras públicas, aeropuertos, trenes, corredores logísticos, proyectos que absorbieron cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos.
Pero, agregó, lejos de convertirse en ejemplo de eficiencia y transparencia, muchas de estas obras se han vuelto símbolo de improvisación, de opacidad y de sobrecostos y no lo dice la oposición.
El senador por Chihuahua reclamó que cuando ocurre un accidente en una obra financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigar todo, no solo lo que le conviene. Y ahí está el núcleo del problema que hoy atacamos.
