El periódico La Jornada publicó en su sección de Rayuela este martes 27 de enero: “¡Vaya forma de dilapidar un capital político!”. La frase alude a la conferencia de prensa ofrecida por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un día antes, donde intentaron defender y justificar la adquisición de nueve camionetas blindadas para su uso personal.
Este episodio representa un severo reproche al Poder Judicial que se renovó hace cinco meses, bajo la promesa de erradicar los vicios, privilegios y el derroche de recursos de la otrora Corte. El primero de septiembre de 2025, al instalarse los trabajos de la Nueva SCJN y frente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el ministro presidente Hugo Aguilar -elegido por voto popular- se comprometió a impulsar una justicia orientada a la austeridad.
En aquel mensaje, Aguilar señaló que el deber de los ministros es honrar la confianza depositada por el pueblo: “una confianza que no se decreta, sino que se gana día tras día, a través de la rectitud de nuestras decisiones, la cercanía en nuestro trato y la coherencia de nuestras acciones”.
Sin embargo, la realidad muestra una confianza que se erosiona con cada acción de los ministros y con una narrativa que, lejos de justificar la supuesta “austeridad”, atenta contra la inteligencia de los mexicanos.
En los últimos días el actuar de los ministros ha quedado bajo un implacable escrutinio público:
1. El escándalo de las camionetas: el 22 de enero se reveló la adquisición de las nueve camionetas blindadas con un valor de 2.4 millones de pesos cada una y que de acuerdo al Órgano de Administración Judicial obedeció a razones de seguridad. La reacción de la opinión pública no se hizo esperar y obligó a los ministros a tomar la decisión de no utilizarlas e iniciar el proceso de devolución o reasignación a juzgadores en situación de riesgo.
Justificaciones desesperadas: el ministro Arístides Rodrigo Guerrero intentó desviar la atención y acusó a los ministros salientes de llevarse cuatro camionetas como parte de su haber de retiro, aunque el propio presidente Hugo Aguilar aclaró que fueron compras de acuerdo a lo que señala la ley.
2. Vuelos en Business Class: diferentes medios y redes sociales difundieron que la ministra Loretta Ortiz viajó en clase ejecutiva en un vuelo hacia Costa Rica, para participar en la inauguración del “Año Judicial Interamericano 2026” y en el “Seminario Interamericano de Derechos Humanos”, contradiciendo el discurso de austeridad.
3. Gastos superfluos: la SCJN reconoció la adjudicación directa para una pintura al óleo de la ministra Lenia Batres por 40 mil 600 pesos, pero aseguró que el servicio no se llevó a cabo al no formalizarse el contrato. Además, se difundió la compra de 12 togas por 300 mil pesos y el pago de un millón 254 mil pesos por la ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando realizada en el Zócalo capitalino el 1 de septiembre de 2025, etc.
Estos ejemplos evidencian el fracaso de la narrativa de austeridad que hoy carece de credibilidad y que parece haber servido como bandera fundacional del morenismo. Manipular la verdad es un acto de propaganda que se está arraigando en la clase política que ostenta el poder.
Ante la crisis, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa del movimiento al asegurar que el 99% de la militancia cumple con los postulados del partido, entre ellos la austeridad. No obstante, como lo mencionó el analista Salvador Camarena en El Financiero, si el partido tiene 10 millones de afiliados, entonces “cien mil son manzanas podridas” y en el “Poder Judicial no son independientes, sino parte del pícaro uno por ciento morenista”.
Bajo este contexto y ante el despilfarro del capital político de la SCJN, la presidenta de México ha tenido que rescatar la imagen de los ministros. Ha dedicado tiempo en sus giras de fin de semana y mañaneras para justificar los privilegios de la Corte, hablando de un ahorro proyectado, comparando salarios entre los ministros que salieron y los actuales, etc., para matizar los excesos del Poder Judicial.
Con esta intervención, la presidenta Sheinbaum también pone en riesgo su credibilidad al justificar lo que antes el movimiento de la Cuarta Transformación rechazaba: privilegios, derroche de recursos públicos, riqueza, lujo y excesos.
El rescate de la imagen de los ministros abre un debate incómodo en esta nueva etapa: la legitimidad de la SCJN parece depender más del respaldo del Ejecutivo que de la coherencia de sus propios actos.
