En un contexto de desaceleración económica y encarecimiento sostenido de la vivienda, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó un paquete de reformas fiscales orientadas a reactivar la construcción de vivienda social en Jalisco, con el objetivo de generar condiciones más viables para desarrolladores y ampliar el acceso a vivienda para familias de bajos ingresos.
Durante su presentación ante CANADEVI Jalisco, la legisladora expuso que el mercado enfrenta un desbalance crítico entre oferta y demanda. En la última década, el precio de la vivienda nueva en el estado aumentó 468%, mientras que la oferta de casas de interés social se redujo de 41 mil unidades anuales a apenas 152 en 2025, lo que evidencia una contracción estructural del segmento.
Desde la perspectiva de demanda, el reto es igualmente relevante. Cárdenas explicó que cerca del 70% de la población en Jalisco solo puede acceder a viviendas con un valor inferior a un millón 50 mil pesos, límite establecido por el Infonavit para créditos sociales. Sin embargo, la oferta en ese rango prácticamente ha desaparecido, lo que limita la colocación de financiamiento y reduce la dinámica del sector inmobiliario.
El entorno macroeconómico también ha incidido en esta situación. La economía mexicana creció apenas 0.8% en 2025, mientras que la inflación alcanzó 4.59% en marzo de 2026, su nivel más alto en ocho meses.
“No es una falla de gestión de esta industria”, sostuvo la diputada, al atribuir el problema a condiciones estructurales. En ese sentido, advirtió que: “152 casas en un estado que necesita decenas de miles al año. Eso no es una caída, es un desplome, o mejor dicho, es una tragedia. Nos encontramos frente a una emergencia habitacional”.
Las propuestas legislativas buscan incidir directamente en los costos de producción de vivienda. La primera plantea modificar la Ley de Hacienda Municipal para ampliar los descuentos de al menos 50% en derechos de licencias de construcción a todos los desarrolladores que edifiquen vivienda social certificada, independientemente de si están vinculados a organismos públicos.
La segunda iniciativa se enfoca en reducir los costos asociados al Registro Público de la Propiedad mediante ajustes a la Ley de Hacienda Estatal. La legisladora subrayó que estos costos impactan directamente en el precio final de la vivienda: “Ese costo no lo absorbe el desarrollador: lo termina pagando quien compra la casa”, explicó, al destacar la necesidad de mejorar la asequibilidad.
Como tercer eje, se propone una reducción temporal del impuesto sobre nómina para desarrolladores que construyan vivienda social en zonas urbanas consolidadas, con acceso a servicios y transporte. Este enfoque busca incentivar proyectos dentro de las ciudades y evitar la expansión periférica, que incrementa los costos urbanos. “La vivienda social no es un gasto, es inversión”, afirmó Cárdenas.
Las iniciativas se alinean con el programa estatal Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, que recientemente contempló la donación de predios por 350 millones de pesos —equivalentes a 14 hectáreas— para la construcción de mil 926 viviendas en municipios como Lagos de Moreno, Tepatitlán, Autlán de Navarro y El Salto.
La diputada destacó que la liberación de estos terrenos fue posible gracias a la intervención de la Comisión de Hacienda del Congreso local, que desincorporó los predios del patrimonio estatal. No obstante, advirtió que el suelo es solo una parte de la solución. “El gobernador aportó el suelo. El Congreso puede aportar las condiciones para que el sector privado también pueda construir”, planteó ante desarrolladores.
Finalmente, propuso establecer mesas de trabajo formales entre el Congreso, el sector privado y el gobierno estatal para dar seguimiento a las reformas y generar acuerdos operativos. Desde una óptica de negocios, el paquete busca reactivar la inversión en vivienda social, mejorar la rentabilidad de los proyectos y detonar un segmento clave para el crecimiento del sector inmobiliario en México.
