Por Maribel Islas
Diputados y senadores de Morena impulsan de manera conjunta una iniciativa para posponer la fecha de la elección judicial a junio de 2028.
Los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero y el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, plantearon modificar la reforma judicial .
Entre las principales propuestas de la iniciativa , incluyen la certificación obligatoria para que todas las candidaturas deberán contar con acreditación técnica de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Además, se establecerá un nuevo sistema de evaluación a través de la creación de un Comité Técnico que revise los perfiles; renovar cada 2 años la presidencia del Tribunal Electoral y revivir las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nuevo nombre: Secciones
También, plantea que de los 9 ministros 5 deberán tener 10 años de experiencia jurídica, y los otros 4 no se les exigirá.
En la argumentación , reconocen que la experiencia del proceso electoral de 2025 evidenció que los requisitos constitucionales vigentes para acceder a cargos jurisdiccionales, como promedios académicos mínimos o cartas de recomendación, resultan insuficientes para evaluar de manera objetiva las competencias técnicas necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Evitar que las elecciones judiciales coincidan con procesos políticos ordinarios, para reducir la politización y garantizar mayor deliberación técnica.
Aclararon que el objetivo es evitar la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales políticos, a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.
Además, plantea dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Órgano de Administración de Justicia Federal de mecanismos que les permitan gestionar las cargas de trabajo y las ausencias de titulares jurisdiccionales de manera más eficiente.
Los diputados proponen reformar el artículo 76 para establecer que es facultad del Senado de la República la aprobación de renuncias y licencias de las personas ministras y magistradas del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
Plantea reformar el artículo 94 para establecer que la obligatoriedad de las sentencias de la Corte para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas requiera la publicación de una tesis.
