Por Rita Magaña Torres
El Senado de la República recibió el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, documento elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, que busca crear una institución “basada en evidencia, priorización y resultados”.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, estimó que el próximo martes iniciará el análisis del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, de tal forma que ese mismo día podría presentarse ante el pleno del Senado.
En entrevista, el senador destacó que se trata de un plan muy completo; “debo expresar, de entrada, que me parece muy relevante colocar a las víctimas en el centro de la atención, de la protección de la Fiscalía”, resaltó.
Además, “celebro el anuncio de una reingeniería en términos administrativos, pero, sobre todo, la expresión que le escuchamos todos a la fiscal Ernestina Godoy el pasado viernes, cuando declara poner fin a una etapa de indiferencia”.
El plan es una hoja de ruta que busca romper con la inercia institucional y transformar el combate al crimen mediante un modelo basado en inteligencia, priorización de delitos y resultados medibles.
El documento parte de una premisa central: sin investigaciones sólidas y sin justicia efectiva, los avances en seguridad pública no se sostienen.
Por ello, plantea un rediseño profundo de la institución para pasar de la reacción a la anticipación del delito.
Esta reestructuración de la Fiscalía General de la República tiene como objetivo ponerla al servicio del pueblo, mediante una administración eficiente, transparente y ordenada.
Asimismo, se fortalecerá la coordinación con las fiscalías locales, las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, a fin de garantizar una procuración de justicia más efectiva y articulada en todo el país.
El plan reconoce un problema estructural: la FGR está saturada por la tramitación masiva de casos, mientras los delitos de mayor impacto, como delincuencia organizada, desapariciones o extorsión, requieren investigaciones complejas que compiten por recursos.
De ahí surge el cambio de enfoque: priorizar, segmentar y dirigir recursos hacia los delitos que más afectan a la población, con apoyo de inteligencia criminal y análisis de datos.
Este giro implica también atacar estructuras completas del crimen, no solo casos aislados.
El documento reconoce avances importantes, como la reducción del 40% en homicidios entre 2018 y 2025, pero advierte que el sistema de procuración de justicia enfrenta fallas críticas, como el hecho de que solo 7.14% de las carpetas llegan a sentencia.
Además, el 94.6% de las condenas se obtienen por procedimiento abreviado, alta carga de casos sin detenido (84.4%), percepción de corrupción superior al 50%, así como la persistente desconfianza ciudadana
El plan dentifica una concentración del crimen en delitos clave: armas, patrimonio, hidrocarburos y narcóticos, que representan más del 60% de la incidencia federal.
El documento articula en 10 ejes estratégicos para transformar la operación de la Fiscalía:
1. Reestructuración de la FGR
Reingeniería institucional para eliminar burocracia, profesionalizar al personal y garantizar paridad de género.
2. Coordinación interinstitucional
Trabajo conjunto con fiscalías locales, fuerzas de seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno.
3. Fortalecimiento territorial
Mayor presencia en estados y municipios prioritarios, con despliegue estratégico y uso de inteligencia.
4. Nuevo modelo de investigación e inteligencia
Uso de tecnología, análisis criminal y datos como base de las investigaciones.
5. Modernización de la Agencia de Investigación Criminal
Fortalecimiento del aparato operativo e inteligencia federal.
6. Priorización de delitos
Asignación de recursos a los delitos que más afectan a la población, dejando atrás el modelo uniforme.
7. Violencia contra las mujeres
Estrategia nacional con perspectiva de género y fortalecimiento del combate al feminicidio.
8. Extorsión y desapariciones
Acciones específicas para dos de los delitos más sensibles y de mayor impacto social.
9. Víctimas al centro
Atención integral, justicia restaurativa y garantía de derechos humanos.
10. Combate a la corrupción
Cero tolerancia, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.
