Por Rita Magaña Torres
El Senado de la República aprobó, con 75 votos a favor y 36 en contra, un proyecto remitido por la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Vivienda, con el objetivo de establecer en su redacción la definición de vivienda adecuada y sus características, además de armonizarla con las modificaciones a la Constitución en esa materia, aprobadas en 2024.
La Mesa Directiva instruyó el turno del proyecto al Ejecutivo Federal, luego de que la asamblea aprobó las modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 23, 34, 48, 56, 62, 73, 77 y 82 de la Ley de Vivienda.
El dictamen precisa que una vivienda adecuada es aquella que cuenta con elementos de accesibilidad, para garantizar su acceso a grupos desfavorecidos.
Adecuación cultural, con lo que se respetan las expresiones de identidad de las personas; asequibilidad, de manera que los costos financieros de un hogar no comprometan otros gastos.
Considera también la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, para garantizar el acceso a servicios básicos; la habitabilidad, como elemento para mantener la seguridad física de los habitantes del inmueble; seguridad en la tenencia, para que los ocupantes estén protegidos legalmente contra desalojos; y ubicación, para que el hogar se localice en lugares cercanos a sus espacios de trabajo, salud o educación.
También faculta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coordine y promueva programas y acciones de vivienda y suelo, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras.
Además, para que se promuevan e impulsen las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, para el desarrollo de la vivienda adecuada en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales.
El dictamen precisa que los organismos e instituciones que financien vivienda para las personas trabajadoras podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permitan obtener un crédito barato y suficiente.
También podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios.
Tales acciones, detalla la reforma, se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras, y en ningún caso tales acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, aseguró que esta modificación constituye un paso firme hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y avanzamos en la construcción de un país más justo, donde el acceso a una vivienda adecuada deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho efectivo para todas y todos.
“No podemos cerrar los ojos ante una realidad en la que millones de mexicanas y de mexicanos viven en condiciones inadecuadas.
“El déficit de vivienda también refleja profundas desigualdades: afecta principalmente a quienes menos tienen, a personas de bajos ingresos, trabajadores informales, jóvenes y mujeres jefas de familia”, advirtió.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, agregó que la reforma “no maquilla” la ley, sino que corrige una deuda del Estado mexicano con millones de personas y armoniza la Ley de Vivienda con la reforma constitucional de 2024 para que todos puedan tener una vivienda adecuada.
“Hay que decirlo: sí a una política de vivienda más activa, más social, con responsabilidad financiera, con cuidado patrimonial y con seriedad constitucional.
Por eso votar a favor del dictamen no es un acto de rutina parlamentaria, es una toma de posición para que la vivienda no sea privilegio”, agregó.
María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, rechazó que esta reforma vaya a “desequilibrar” el mercado inmobiliario; al contrario, lo va transformar, lo va a abrir a nuevos actores y a democratizar, porque su acceso se va a convertir en un espacio más justo y transparente y equitativo para todas y todos los ciudadanos.
En representación del PAN, Gina Gerardina Campuzano González cuestionó que el dinero para la construcción de viviendas no saldrá del Gobierno, sino del ahorro de millones de trabajadores que asciende a 2.4 billones de pesos; “este dinero no es del gobierno, es el ahorro y el patrimonio de mexicanos que trabajan, se esfuerzan y ahorran”.
Del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura destacó que el espíritu de la reforma es que exista una vivienda adecuada que tenga los servicios básicos necesarios, para evitar que sus habitantes deban abandonarlas y se vean obligados a recurrir a “viviendas huevito” que están lejos de sus centros de trabajo y construidas de manera improvisada.
Mely Romero Celis, del PRI, celebró que en la norma se hayan introducido los siete elementos para una vivienda digna propuestos por ONU Hábitat, pero acusó que se entregarán “las llaves de los ahorros de los trabajadores”, para que ese dinero fluya hacia una constructora estatal opaca.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció la intención de la reforma de fortalecer el derecho a una vivienda digna en México; sin embargo, advirtió que la modificación al artículo 56 abre la posibilidad para que se usen los fondos de los trabajadores del Estado para construir inmuebles sin haberles consultado al respecto.
