Por Rita Magaña Torres
Para garantizar que todas las propuestas legislativas del Congreso de la Ciudad de México sean evaluadas bajo un enfoque de igualdad y no discriminación, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, planteó como requisito obligatorio que todo dictamen presentado ante el pleno contenga un “Apartado de Análisis de Impacto en Igualdad y No Discriminación”.
La propuesta del diputado por Morena busca adicionar una fracción V Bis al artículo 106 del Reglamento legislativo para que, antes de aprobar una ley o reforma, se evalúe si la norma puede generar efectos diferenciados o desproporcionados en distintos sectores de la población.
El legislador tlalpense señaló que la medida responde a la obligación constitucional de prevenir cualquier forma de discriminación y de garantizar la igualdad sustantiva en la elaboración de las leyes.
“El artículo primero de nuestra Constitución prohíbe toda forma de discriminación y obliga a las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos.
“Sin embargo, nuestro procedimiento legislativo aún no establece la obligación expresa de analizar si los dictámenes pueden generar impactos diferenciados injustificados”, explicó.
Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, más del 20% de la población en México declaró haber sido discriminada en el último año, principalmente por motivos de género, orientación sexual, discapacidad, edad o condición socioeconómica.
Vanegas Arenas destacó que diversos instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obligan a los Estados a prevenir impactos discriminatorios derivados incluso de normas aparentemente neutrales.
Refirió que, de aprobarse esta reforma, los dictámenes legislativos deberán incorporar un análisis técnico que permita identificar posibles impactos desproporcionados en grupos de atención prioritaria, prevenir controversias constitucionales o litigios por discriminación, y garantizar que la perspectiva de igualdad se convierta en un estándar institucional del proceso legislativo.
“El combate a la discriminación no puede quedarse en declaraciones. Debemos asegurarnos de que ninguna norma que salga de este Congreso reproduzca desigualdades o exclusiones”, afirmó el legislador.
Alberto Vanegas subrayó que institucionalizar este tipo de análisis permitirá fortalecer la calidad del trabajo parlamentario y consolidar un modelo legislativo alineado con los principios de justicia social y ampliación de derechos.
“La igualdad debe dejar de depender de la voluntad individual y convertirse en una regla institucional del proceso legislativo. Esta reforma representa un paso estructural para garantizar que cada ley que aprobemos contribuya a reducir las desigualdades y ampliar derechos”, expresó.
