Hay indicios de un posible punto de quiebre en el sistema político mexicano, ese engranaje que articula a los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, tras las graves acusaciones provenientes de las autoridades de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y siete funcionarios y ex funcionarios locales más, quienes han sido señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Estas acusaciones deslegitimaron la autoridad del ejecutivo estatal y municipal, a un integrante del Poder Legislativo federal y a los cuerpos de seguridad pública de esa entidad, lo que provocó inestabilidad en el Gobierno de México, debilitando la confianza pública y abriendo cuestionamientos sobre la eficacia del sistema político mexicano.
Ante la presión generada, los morenistas Rocha Moya y Gámez Mendívil solicitaron licencia temporal a sus respectivos cargos con el argumento de no entorpecer las investigaciones que realizará la Fiscalía General de la República.
De comprobarse los posibles vínculos, más allá de las implicaciones internacionales, en México podrían derivarse responsabilidades por haber sumergido a su estado en una espiral de violencia e inseguridad, dejando a miles de familias en la indefensión, a merced de los grupos delictivos que impusieron libremente su ley, al sembrar el miedo, al controlar vidas y el patrimonio de los sinaloenses.
Aquellos que juraron respetar la Constitución y salvaguardar las garantías individuales (igualdad, libertad, propiedad y seguridad), claudicaron en su deber más elemental.
Resulta pertinente recuperar las palabras de la entonces presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en los spots difundidos en medios, meses atrás: “… Hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar…”. Si las investigaciones confirman las acusaciones, esa afirmación cobraría una dimensión distinta: Rocha Moya y el resto de los señalados vieron a Sinaloa como un botín que entregaron al crimen organizado.
Ellos no fueron la mano que ayudó ni la voz que defendió a los sinaloenses, vendieron su dignidad. No hicieron Patria porque dejaron de apoyar a quienes menos tienen para favorecer el control de la delincuencia. No estuvieron del lado del pueblo ni de su bienestar.
Frente a esta situación, la cúpula de Morena ha construido una narrativa que solo la escuchan su militancia y los actores políticos que integran su movimiento, orientada a cerrar filas y respaldar a Rocha Moya, invocando a la soberanía nacional como valor inviolable y cuestionando las motivaciones de las acusaciones, al tiempo que exigen pruebas concluyentes.
Más allá del discurso, lo que debe de prevalecer es el respeto del Estado de Derecho por parte del Gobierno Federal y la aplicación de los Tratados Internacionales, para brindar certidumbre, garantizar justicia y preservar la relación bilateral con EE.UU.
México mantiene una alta interdependencia económica con ese país: alrededor del 80% de las exportaciones tienen como destino ese mercado y las remesas superaron los 61 mil millones de dólares en 2025, entre otros factores. Razón por la que no puede erosionarse la confianza, ni darse el aislamiento o la confrontación, menos cuando nuestra economía apenas roza un crecimiento del 0.1% (cercano al estancamiento).
Lo que hoy debe ocuparnos es el rumbo de nuestra nación y las implicaciones para las nuevas generaciones. Los mexicanos han comenzado a entender que la narrativa ya no es suficiente, que se requieren gobiernos responsables, con resultados y cuya actuación esté apegada a la ley.
En un año, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar gubernaturas, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales. Será ahí donde la voluntad popular podrá evaluar el desempeño, corregirá los incumplimientos y los excesos de quienes ostentan un cargo público, otorgando un nuevo equilibrio en el poder para fortalece el sistema político mexicano.
