Una nueva resolución emitida por un Tribunal Colegiado reactivó la discusión pública sobre el caso Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde en diciembre de 2014 fueron asesinados Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada Andrade durante una jornada violenta que también dejó personas lesionadas, viviendas incendiadas y una tentativa de feminicidio contra la activista Elisa Zepeda y su madre.
Familiares y sobrevivientes consideran que la decisión judicial podría abrir un nuevo escenario de impunidad en torno a los hechos ocurridos durante una asamblea comunitaria marcada por conflictos locales bajo el sistema de usos y costumbres, de acuerdo con información publicada por la revista Proceso.
Las investigaciones ministeriales señalan que Manuel Zepeda Lagunas, mecánico automotriz de 25 años, fue detenido por autoridades municipales durante los disturbios registrados ese día. Testigos afirmaron haberlo visto con vida en la batea de una patrulla antes de que horas después fuera encontrado muerto.
Los dictámenes periciales concluyeron que Manuel Zepeda falleció por un traumatismo profundo de cráneo. Además, las pruebas de balística forense y el análisis de Walker practicados posteriormente resultaron negativos a residuos de pólvora, plomo y bario, por lo que no se encontraron elementos que lo relacionaran con el arma cuya supuesta posesión derivó en su detención.
La segunda víctima mortal fue Gustavo Estrada Andrade, policía municipal de 35 años. Testimonios incorporados al expediente sostienen que intentó proteger a Elisa Zepeda de una agresión con machete durante el ataque contra la vivienda de su familia y posteriormente fue golpeado y asesinado de manera extrajudicial.
Los hechos violentos también dejaron afectaciones graves en otros integrantes de la familia Zepeda Lagunas. Magdalena Lagunas, madre de Elisa y Manuel, perdió un ojo a consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que Elisa sobrevivió a una agresión que después fue investigada como tentativa de feminicidio.
Entre los sobrevivientes también figura el pastor Gaspar Martín Chablé Caamal, quien permanecía dentro de la vivienda durante el ataque. Según declaró, resultó lesionado y perdió una camioneta que estaba en reparación en el taller mecánico de Manuel Zepeda y que fue incendiada durante los hechos.
Para las víctimas, el análisis jurídico actual no puede separarse de los delitos investigados dentro del expediente. Elisa Zepeda ha sostenido que la agresión fue organizada por autoridades municipales de la época ligadas al PRI, entre ellas el entonces alcalde Alfredo Bolaños Pacheco y su asesor Jaime Betanzos Fuentes, con el objetivo de frenar procesos de participación comunitaria y liderazgo femenino en la región mazateca.
Chablé Caamal cuestionó además que algunos implicados sean presentados públicamente como presos políticos. Afirmó que existen testimonios, pruebas documentales y peritajes que respaldan las acusaciones por homicidio, lesiones e incendios.
A casi 12 años de los hechos, los familiares de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada continúan exigiendo justicia. Los asesinatos dejaron a seis menores sin padre, dos hijas de Manuel y cuatro hijos de Gustavo, además de personas heridas y familias desplazadas tras la violencia registrada en la comunidad.
