El Senado aprobó la Ley de Derechos que incluye que el recurso del Fondo Minero que anteriormente se usaba para resarcir los daños ambientales y sociales causados por la minería ahora se utilicen de manera prioritaria en infraestructura educativa en todo el país.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, expresó que la aprobación de la Ley de Derechos por parte del Senado, es un golpe a las finanzas de los municipios mineros.
La mayoría de Morena en el Senado rechazó modificar los cambios al Fondo Minero que federalizan los recursos que se recaudan de éste y se distribuían entre los estados y municipios que tienen actividades mineras.
Los recursos del Fondo Minero surgen del pago anual del derecho de espacio que pagan los concesionarios y asignaciones mineras para realizar esa actividad (la minería), del derecho adicional sobre minería y de la enajenación del oro, plata y platino.
El legislador jalisciense resaltó que los municipios mineros de esta entidad serán castigados con la Ley de Derechos que incluye que el recurso del Fondo Minero que llegaba a estas poblaciones tuviera otro fin.
“Esta reforma es un absurdo y una contradicción, es una medida regresiva que lesiona severamente al federalismo y la autodeterminación de los estados, que no garantiza ni siquiera que los recursos vayan a llegar a las comunidades afectadas por la propia actividad minera”, expresó.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado subrayó que la Ley de Derechos “le da la espalda a las comunidades y a los pueblos de todo el país que durante muchos años han podido sobrevivir gracias al Fondo Minero.
Este fondo se creó con la finalidad de resarcir los daños ambientales y sociales que la industria minera deja en las poblaciones: ahora, la bolsa se utilizará en su mayoría para el mejoramiento de infraestructura educativa en todo el país.
Castañeda Hoeflich señaló que el 80 por ciento de los recursos del Fondo se van a ir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) supuestamente para mejorar condiciones de infraestructura.
Mientras que el 10 por ciento corresponde al Gobierno federal para proyectos de infraestructura, “que por supuesto deciden unilateralmente en el cualquier parte del país y que podrían no beneficiar a ninguno de los municipios que son afectados por esta actividad”, lamentó.
