El Instituto Nacional de Migración (INM) dará a conocer el próximo 25 de febrero el fallo de la licitación para contratar el servicio de protección, seguridad y vigilancia en sus representaciones en 21 estados. A unas horas de la definición, fuentes del sector advierten que el contrato podría favorecer, de manera indirecta, al mismo grupo empresarial que operó durante el sexenio anterior y que acumuló sanciones administrativas.
De acuerdo con el calendario oficial del procedimiento LA-04-K00-004K00001-N-2-2026, la presentación y apertura de propuestas tendrá lugar el 19 de febrero, mientras que el dictamen se emitirá seis días después. Con ello, el proceso se encuentra en su etapa decisiva.
Entre las participantes figura Serprosep S.A. de C.V., empresa que, según investigaciones periodísticas y denuncias públicas, mantiene vínculos con Sandalio Sáenz, señalado como operador de compañías asociadas al llamado “Cártel de la Limpieza”. Ese conglomerado prestó servicios al INM en años anteriores a través de Grupo Seguridad Privada Pryse de México.
Esta última quedó inhabilitada el 15 de septiembre de 2025 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tras incumplimientos en contratos de vigilancia en recintos culturales de la Ciudad de México, entre ellos el Museo Nacional de Antropología. Las fallas derivaron en cierres temporales y obligaron a revisar los esquemas de seguridad privada. Más tarde, la compañía consiguió suspensiones judiciales que dejaron sin efecto provisional las sanciones, aunque el litigio sigue en curso.
Grupo Seguridad Privada Pryse de México también aparece entre las peor calificadas en el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El reporte le asigna 12.9 puntos de 100 y la coloca en el sitio 91 entre las cien empresas con mayores contratos federales, dentro de un conjunto con deficiencias en políticas anticorrupción y controles de cumplimiento.
En paralelo, especialistas consultados cuestionan requisitos técnicos de la convocatoria, en particular el numeral 4.1.1 inciso k, que obliga a los participantes a acreditar al menos cinco capacitadores certificados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritos en estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), además de constancias en derechos humanos y protocolos de protección a personas migrantes. Consideran que tales exigencias encarecen la participación y limitan la competencia.
El proceso se desarrolla bajo la gestión del comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien ha ofrecido corregir prácticas heredadas de la administración de Francisco Garduño, etapa que enfrentó cuestionamientos por los contratos de seguridad.
