Por CABALLO DE TROYA
De acuerdo con un reporte de inteligencia al que tuvo acceso el periodista Héctor de Mauleón (www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-reunion-secreta-de-policias-y-narcos), varios comisarios de policía responsables de la seguridad pública responsables de la seguridad pública en 17 municipios del Estado de México, sostuvieron resoluciones con miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en las que se les planteó una Pax Narca. En las reuniones convocadas los delincuentes ofrecieron a los jefes policiacos no ser “molestados” a cambio de que los “dejen trabajar”.
El 28 de octubre, Francisco Fernando Tenorio, en esos momentos Alcalde de Valle de Chalco, fue herido de muerte por un joven con quien platicaba momentos antes, y al que le permitió subir a su vehículo para darle un “aventón” de acuerdo con informes de la Fiscalía estatal.
Casi un mes después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que el presunto homicida del alcalde fue detenido después de una balacera en la colonia Santa Catarina en Tláhuac. Lugar en donde fueron citados y atacados con armas de fuego por personas desconocidas hasta este momento.
La crisis de violencia e inseguridad que viven los alcaldes y sus policías es una consecuencia de la problemática de seguridad que enfrenta México en la última década y ésta, resultado de la evolución criminal en los 40 años anteriores a la par de un debilitamiento de las instituciones de seguridad y la disminución del poder punitivo del Estado.
Los municipios mexicanos en este rubro son el ejemplo más claro de lo que Luigi Ferrajoli denomina criminalidad del poder. Este autor italiano divide su concepto en tres formas: 1) poderes criminales; 2) poderes económicos y 3) poderes públicos.
Ferrajoli ubica dentro de los poderes criminales a la delincuencia organizada, la que está compuesta por los cárteles de la droga, a los grupos delictivos dedicados al tráfico de armas y personas, al secuestro y a la extorsión, así como a otros delitos de alto impacto, que reportan ganancias millonarias que tienen que ser lavadas mediante mecanismos fiscales y comerciales para poder ingresar el sistema financiero formal.
Pero como toda industria económica productiva del capitalismo –en un época globalizada, fenómeno que también le ha dado una expansión transnacional a la criminalidad– necesita de una mano de obra barata, eficiente y sustituible, la cual es encontrada sin mayores problemas en las lamentables condiciones de pobreza, desigualdad y falta de desarrollo que presentan la mayoría de los municipios mexicanos.
Esta condición no es exclusiva de nuestro país, regresando a Ferrajoli, la delincuencia organizada obtiene enormes beneficios económicos explotando las condiciones de marginación y pobreza de las zonas más olvidadas por el Estado, cubriendo las necesidades que éste no ha logrado satisfacer, ya sea por falta de capacidad o indiferencia, en una segunda fase, capturando, coaccionando y en el peor de los casos eliminando a las autoridades municipales, como en los ejemplos relatados al principio.
Es así como la delincuencia organizada en México, por años ha establecido un modelo de operación estratégica, donde obtiene mano de obra en las comunidades municipales aprovechando su pobreza y marginación, escalando las conductas delictivas de conflictividad social, a delitos de alto impacto. Pero como en todo sistema globalizado económico, esta criminalidad local tan solo es empleada como fuerza productiva, para una criminalidad más integrada y sofisticada, que mediante esta explotación, obtiene los mayores dividendos económicos, mismos que se ven traducidos en enormes capitales que una vez “blanqueados” ingresan al sistema financiero de los Estados, según cifras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el lavado de dinero procedente de las actividades de la delincuencia organizada, a nivel mundial, podría superar los 800 billones de dólares al año.
Y sí, todo comienza en pequeñas regiones de población y gobierno, como son los municipios.
