Una de las principales fuentes de extorsión contra empresas en distintas regiones del país son autoridades o personas que se hacen pasar por servidores públicos, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mientras continúan escalando en Nuevo León las denuncias por presuntos actos de extorsión, cobros indebidos y presión administrativa relacionados con funcionarios y dependencias del gobierno de Samuel García Sepúlveda.
Incertidumbre jurídica e inhibición de inversiones son algunas de las consecuencias que provoca este fenómeno, el cual afecta principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, según el organismo empresarial. Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que la extorsión “está desbordada” y señaló que, en algunos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.
Al presentar datos del primer trimestre de 2026, Juan José Sierra sostuvo que “es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”. Según el dirigente empresarial, el impacto económico de este delito asciende a 15 mil millones de pesos anuales, cifra equivalente a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con cifras de la Coparmex, entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, con un promedio diario de 32.4 casos. Aunque el dato representa una reducción marginal de 3.73% frente al mismo periodo de 2025, el organismo indicó que sigue siendo el segundo nivel más alto de los últimos 11 años.
El organismo empresarial explicó además que 68% de las extorsiones se realizan vía telefónica y que 31.2% corresponden a otras modalidades, entre ellas los cobros de piso. También detalló que el 97% de los casos no son denunciados o no generan carpetas de investigación. Respecto a empresas afiliadas que reportaron haber sido víctimas, 37% señaló que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.
En medio de la discusión que se mantiene en Nuevo León sobre auditorías, inspecciones y presuntas presiones administrativas atribuidas al gobierno estatal encabezado por Samuel García Sepúlveda contra empresas, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna, informó la semana pasada que tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión son algunas de las consecuencias generadas por revisiones similares sobre un mismo establecimiento realizadas por dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud, señaló la Caintra. Ante ello, el organismo adelantó que impulsará una Ley de Procedimientos Administrativos para homologar criterios de inspección y disminuir espacios de interpretación discrecional entre funcionarios y empresas.
Durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (Canaco), celebrada el 20 y 21 de marzo de 2026, empresarios del sector comercial denunciaron retención de permisos, multas y cierres administrativos en municipios y dependencias estatales.
Una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión hacia negocios y empresas fue señalada durante ese encuentro por el presidente de la Canaco de Monterrey, Jaime Herrera Casso.
“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente ante autoridades estatales y representantes del sector privado.
Desde 2025, la empresa extractiva Materiales Triturados Martínez, ubicada en el municipio de Cerralvo, ha denunciado presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022. Las acusaciones empresariales coinciden además con el conflicto entre el gobierno de Samuel García Sepúlveda y la compañía.
El caso escaló luego de la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa. Posteriormente, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación ante la posible participación de funcionarios estatales. El Gobierno de Nuevo León rechazó los señalamientos y sostuvo que las acciones realizadas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.
