Tras la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) el jueves pasado, el secretario federal, Mario Delgado, anunció un recorte al ciclo escolar bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de futbol.
Esta decisión detonó un rechazo unánime de padres de familia, sectores académicos, empresariales y civiles, incluyendo a la Unión Nacional de Padres de Familia, la CNTE, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la COPARMEX, entre otras más, quienes percibieron la medida como un acto de improvisación que vulnera el derecho constitucional a una educación de calidad y de excelencia.
Ante la presión social, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, calificando el anuncio como una “propuesta en evaluación”, reflejó un intento de control de daños ante una crisis de narrativa, donde el debate dejó de centrarse únicamente en el Mundial.
Los medios de comunicación y redes sociales sirvieron como caja de resonancia para un malestar legítimo: el cuestionamiento hacia una política educativa que parece ignorar el profundo rezago en el aprendizaje de niños y adolescentes.
Mientras organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostienen que aumentar el tiempo efectivo de enseñanza mejora el aprendizaje, México parece avanzar en dirección contraria. Países como Corea del Sur y Japón destinan 220 días efectivos a clases, Singapur 193, Finlandia 190 y el promedio de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 185.
En contraste, aunque nuestra Ley General de Educación estipula un mínimo de 185 días escolares, el recorte anunciado reduciría el calendario a solo 157 días. Esto representa un 15% menos de tiempo efectivo para el aprendizaje, imposibilitando el cumplimiento de programas de estudio, objetivos, indicadores y metas pedagógicas.
A diferencia del Mundial de Qatar (2022), ese país, con temperaturas extremas y con dos años de antelación planificó y elaboró los planes de estudio para evitar afectaciones al sistema educativo y a sus alumnos. Programó el periodo vacacional durante el tiempo en que se realizó ese torneo.
Lo que evidentemente no pasó en nuestro país (quien fue confirmado oficialmente como una de las sedes del Mundial en 2018). De aprobarse ese recorte, será un duro golpe a la educación de los mexicanos porque se realiza sin ningún criterio técnico ni metodológico.
Se agravará el rezago y se ensanchará la brecha de desigualdad, particularmente en zonas rurales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta disparidad se acentuará con el anunció de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) respecto a que las instituciones privadas mantendrán clases y actividades académicas conforme al calendario original, dejando a la educación pública en una desventaja sistémica.
Porque mientras algunos alumnos podrán recuperar contenidos, otros simplemente perderán semanas completas de aprendizaje.
El contraste resulta todavía más preocupante cuando se revisan los indicadores internacionales. De acuerdo con la prueba PISA 2022, México ocupa el lugar 51 de los 81 países evaluados y el 35 de los 37 evaluados de la OCDE, donde obtuvo 395 puntos en matemáticas, 410 en ciencias y 415 en lectura (promedio OCDE: 472, 485 y 476, respectivamente). Con esto registró una caída sostenida en esas materias comparado con 2018 (409, 419, 420 respectivamente).
Esto se traduce, según el IMCO, en que el 66% de los estudiantes no domina operaciones matemáticas (31% de la OCDE), el 34% resuelve problemas matemáticos elementales (60% de la OCDE) y 0% aplica razonamiento matemático a problemas complejos (9% de la OCDE). De ese tamaño es la desventaja.
A este escenario se suma la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las normas de evaluación y promoción escolar de la SEP, donde se elimina el requisito del 80% de asistencia para pasar de año, se fija en 6 la calificación mínima y se permite pasar de grado a los alumnos en secundaria, aunque hayan reprobado hasta cuatro materias. Es decir, la reprobación, la asistencia, las evaluaciones y la exigencia académica dejaron de importar.
Es así que estamos ante la posibilidad de consolidar una “generación perdida” con nulas competencias técnicas.
Esta es solo una fracción de la radiografía de la educación en México, y ni hablar de la capacitación y profesionalización de los docentes, de la actualización de los contenidos que eleven la competitividad de los alumnos, de la infraestructura básica que cubra sus necesidades (agua, luz, drenaje, acceso a las tecnologías de la información), entre otras.
Como bien lo cuestionó La Rayuela de La Jornada: ¿Qué necesidad de crear otro problema donde no lo había? Especialmente hoy, cuando el mundo nos observa como sede mundialista.
La controversia terminó revelando algo más profundo que una discusión sobre futbol o vacaciones escolares, expuso la dificultad de construir políticas educativas de largo plazo en un país donde millones de estudiantes todavía intentan recuperar aprendizajes básicos.
Porque mientras el mundo avanza hacia modelos educativos cada vez más competitivos, México discute si puede darse el lujo de tener menos clases, provocando fisuras y descontento social.
