El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la alerta del coronavirus podría traer una crisis para la economía de México.
En gira por Oaxaca, el mandatario mencionó que se respetará la autonomía del Banco de México, pero solicitará que se protejan las reservas internacionales, pese al declive del peso mexicanos frente al dólar, mencionó.
Instó a “que no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas, que nos aguantemos, porque en todo esto hay un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta incertidumbre financiera”.
El área de análisis de Scotiabank México señala que el panorama económico para México y la economía mundial se ha deteriorado considerablemente en las últimas semanas, combinándose tres eventos de consecuencias negativas.
La pandemia de COVID19 y sus efectos disruptivos sobre la economía, la guerra de precios en el mercado petrolero y una turbulencia financiera no vista desde el 2008, la conjunción de estos elementos tendrán un fuerte impacto sobre la actividad económica de México en el 2020, produciendo una recesión de magnitud similar a la que observamos en el 2009.
De esta forma, los especialistas plantean que en 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) sería de -5.77%, con inflación del 4.39%, un tipo de cambio a diciembre de 22.84 pesos por dólar y una tasa interbancaria de referencia de Banco de México Banxico de 6.0%.
Señalan que la emergencia generada por el COVID19 representa una buena oportunidad para revisar la estrategia económica de la actual administración.
Ello, es que ante la falta de espacio en las finanzas públicas para aplicar una política contra cíclica de magnitud efectiva, surge la imperiosa necesidad de maximizar la eficiencia del gasto público en proyectos de la más alta rentabilidad.
Además de dejar para mejores tiempos aquellos proyectos que no tienen una clara viabilidad económica y financiera por sí solos.
También resulta urgente el apoyarse en el sector privado para llevar a cabo los proyectos que el sector público no podrá realizar con sus propios recursos, como por ejemplo en el desarrollo del sector energético.
