La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del acuerdo del Ejecutivo federal que dispone de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad.
La legisladora del PAN señaló que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte que, mediante una controversia constitucional, revise la constitucionalidad del acuerdo.
Dijo que el acuerdo del Ejecutivo federal contradice la Constitución respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al establecer que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, debe coordinarse con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Rojas detalló que la controversia expone las razones por las cuales estima que el acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación.
La parlamentaria argumentó que en 2019 se reformó la Constitución Mexicana para crear la Guardia Nacional, cuerpo en el que recaería la responsabilidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.
Asimismo, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, además de que estableció la obligación para fortalecer a las policías locales.
“En la reforma se faculta al Presidente de la República para disponer, excepcional y temporalmente, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública en el país, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, hasta en tanto se consoliden las capacidades de la Guardia Nacional “, subrayó.
Aclaró que el propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución.
“Y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”, agregó.
