Cegados por mostrar, al precio que sea, su lealtad a Andrés Manuel López Obrador, la cuasi mayoría legislativa no encuentra el camino ni la salida de cómo satisfacer los caprichos presidenciales, tanto en la aprobación del paquete económico para 2021, como en la extinción de los fideicomisos, a sabiendas del freno que impondrán a proyectos de ayuda social, científicos, artísticos, culturales, etcétera.
Ni siquiera el descolón ciudadano recibido el domingo pasado en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, les hace ver que seguir a pie juntillas las indicaciones del primer mandatario, generará mayor descontento social y mayor alejamiento social con muchos de los sectores que hace dos años les ofrecieron su respaldo.
Los ajustes cosméticos que en ambos proyectos se han introducido, en la búsqueda de su aprobación, es muestra clara del dogmatismo que prevalece entre los cuatroteístas. El efecto mínimo que tendrán los cambios introducidos en las finanzas públicas, seguramente estará lejos de compensar el rechazo social hacia su causa.
Tan es así que varios integrantes de la mayoría se han apartado de las decisiones que se están tomando y han dejado claro que quieren hacer valer su lealtad de manera racional, a la vez que tratan de cumplir sus compromisos con quienes los eligieron.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado con detalle cómo se manejarán y distribuirán los 168 mil millones que esperan recuperar de los fideicomisos, lo que genera sospechas, mientras no se haga explícitos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Ante la inminente realidad de que en 2021 la recuperación de crédito fiscales difícilmente le representará los 100 mil millones de pesos que asegura López Obrador se obtuvieron recientemente, ha decidido endurecer su política recaudatoria, sobre todo contra los hombres de negocio que no comulgan con sus ideas.
Así, los legisladores morenistas y aliados están por aprobar el Big Brother Fiscal, que prácticamente es un cheque al portador al autorizar a los inspectores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) poder tomar fotografías, audio y video de los domicilios y documentos de los contribuyentes, bajo el axioma obradoriano de que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario.
Claro, con excepciones como las de sus aliados en el consejo asesor, en particular el presidente de Tv Azteca y Elektra, Ricardo Salinas Pliego, que tiene un adeudo superior a los dos mil millones de dólares y que no está dispuesto a cubrir por las buenas como ya ha hecho patente.
La invidencia económica y política con la que funcionan las mayorías en el Congreso les impide observar más allá de las instrucciones del ejecutivo federal, que también se niega a ver que el aumento reciente en los contagios por Covid-19, de generalizarse, modificará cualquier escenario previo.
Rechazar las advertencias en este sentido del secretario y del subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López Gatell -que en muchos países nos envidian por no tenerlos- es indicativo de la ceguera que obnubila a López Obrador, cuando sus otros datos le fallan.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Cada día es más obvia la deferencia del presidente López Obrador con la familia Guzmán Loera: hace un año, liberó a Ovidio Guzmán, incumpliendo el compromiso de extraditarlo a Estados Unidos; de manera caballerosa acudió a saludar hasta su camioneta a la mamá de Joaquín Guzmán y acaba de disculparse con líder del cártel de Sinaloa, por llamarle “Chapo”. Más claro, ni el agua.
