La estabilidad económica de las familias mexicanas atraviesa una presión creciente que no puede ignorarse. Según el estudio “Deudas de los mexicanos: motivos, soluciones y retos” de la firma Bravo, el 77% de la población vive al límite de su capacidad financiera. De este grupo, más de la mitad reconoce que sus ingresos apenas cubren deudas y gastos básicos, mientras que un 25% se encuentra en situación de insolvencia para enfrentar sus obligaciones.
A este complejo panorama se suma el encarecimiento de los alimentos. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI, revela incrementos importantes en productos básicos durante el mes de febrero: el limón subió 25.97%, el jitomate 22.51%, las papas y otros tubérculos 20.86%, el tomate 18.89% y el plátano 10.79%.
En mercados y recauderías estos porcentajes derivaron en precios de hasta 40 pesos por el kilo de limón o tomate y de 50 pesos por kilo de jitomate, impactando el costo de la canasta alimentaria.
De acuerdo con las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos del INEGI, el costo de la canasta alimentaria en el último año creció un 5.6% en zonas rurales (1,887.58 pesos mensuales por persona) y 6.5% en urbanas (2,516.97 pesos por mes). Bajo esta métrica, una familia de cuatro integrantes requiere al menos de 7,550 pesos en el campo y 10,060 pesos en la ciudad para cubrir su alimentación.
En este contexto, la “inflación de los hogares” pulveriza el poder adquisitivo, especialmente entre quienes perciben el salario mínimo fuera de la frontera norte, donde los 9,582.47 pesos mensuales resultan insuficientes para adquirir una canasta urbana.
Es así que las familias carecen de herramientas para enfrentar una espiral de precios que crece a un ritmo mayor que la inflación general (4.02%). Por ello sobrevivir tiene un gran costo para las familias que han tenido que endeudarse, recortar y/o eliminar gastos, no solo en la alimentación, sino en el consumo de otros bienes y servicios, afectando a las cadenas productivas.
Al recortar gastos no esenciales, el consumo interno se debilita, presionando a micro y pequeñas empresas que no pueden competir con costos operativos al alza y una demanda más baja, generando un círculo complejo: menor actividad económica, cierre de negocios, pérdida de empleos, informalidad, aumento de la pobreza, etc.
La población está perdiendo su poder adquisitivo y la precariedad avanza. Si bien los programas sociales alcanzaron a 32 millones de personas en 2025 y sumarán 10 millones más en 2026, las transferencias de efectivo están resultando insuficientes ante la magnitud del problema.
Hoy se requiere transitar hacia un modelo integral que no solo distribuya recursos, sino que contribuya a estabilizar precios de productos básicos, fortalezca la producción interna y se esté preparado para reducir la exposición a choques externos, como la volatilidad energética derivada de los conflictos en Medio Oriente que aún no golpean con fuerza al país.
Sin una estrategia que contenga la inflación y proteja el empleo, el dinero en el bolsillo seguirá perdiendo la batalla frente al mostrador. Y en ese escenario, la esperanza corre el riesgo de convertirse en el artículo más caro de la canasta básica.
