La falta de información por parte del Gobierno del estado de Chihuahua y las contradicciones del entonces fiscal estatal, al tratar de explicar la presencia de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, detonaron los reclamos del Gobierno Federal y desataron la discusión sobre la presunta violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional por autoridades de esa entidad.
El accidente carretero ocurrido en la madrugada del domingo 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), un integrante de esa corporación y dos elementos de la CIA tras su regreso del operativo, evidenció la ausencia de comunicación, cooperación, coordinación y control entre los gobiernos estatal y federal en un tema que lastima a la gente: la seguridad.
Ante el vacío informativo de las autoridades locales, durante los primeros días periódicos como The Washington Post y Los Angeles Times divulgaron mayores datos que se contrapusieron a las diferentes versiones del estado. El primer medio confirmó que los agentes eran de la CIA y participaron en el desmantelamiento del laboratorio de drogas.
El segundo periódico publicó que en ese operativo estaban cuatro agentes y no dos, quienes portaban uniformes de la AEI para pasar desapercibidos. Además, difundió que los elementos de esa corporación (CIA), habrían colaborado en acciones previas en el municipio de Ojinaga y en la comunidad de Santa Bárbara.
Frente a la presión política, el jueves 23 la gobernadora panista, María Eugenia Campos, se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tras el encuentro solo se limitó a señalar que su gobierno seguirá fortaleciendo la colaboración con el Gobierno de México para la defensa de la soberanía e integridad del país. Al día siguiente, la mandataria local en un mensaje a medios, anunció la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos y mencionó que no habría más pronunciamientos.
No abrir y transparentar la información con el argumento de que se investiga, solo provoca especulaciones y desconfianza hacia quienes dirigen las instituciones de gobierno tanto estatal como federal.
Bajo este contexto, aunque haya renunciado el fiscal estatal, César Jáuregui, para no entorpecer las investigaciones, persiste la incertidumbre sobre la naturaleza de la participación de esos agentes, en qué calidad se encontraban en el estado fronterizo, desde cuándo colaboraban con la administración estatal y por qué no se informó al Gobierno Federal.
En este sentido, el orden jurídico es claro: el Artículo 40 de nuestra Constitución prohíbe cualquier intervención extranjera en tareas de investigación o persecución dentro del territorio nacional, sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano.
Mientras que el Artículo 70, de la Ley de Seguridad Nacional, obliga a los servidores públicos de los gobiernos estatales a ceñirse estrictamente a lo que señala la ley en su relación con agentes extranjeros y, su falta, es causa de responsabilidad administrativa o penal.
Con estas consideraciones, ninguna de ellas políticas como lo manejan los diferentes actores del oficialismo y de la oposición, la gobernadora Maru Campos podría haber vulnerado la soberanía nacional al no informar a las Secretarías de Relaciones Exteriores ni de Seguridad y Protección Ciudadana sobre las reuniones sostenidas y otras actividades conjuntas con agentes de la CIA, las cuales deben ser autorizadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
La gravedad de esta “agenda de seguridad paralela” ha puesto en duda el cumplimiento de la ley por alguien que juró guardarla y respetarla, ocasionado una fractura institucional.
Es así que la decisión unilateral del gobierno estatal no solo ha erosionado la confianza entre los niveles de gobierno en México, sino que ha tensado la relación diplomática con Estados Unidos.
En un sistema federalista, la coordinación no es una opción política, sino una obligación constitucional. Romper esta cadena de mando para actuar de forma aislada, pone en riesgo la estabilidad y la integridad del pacto federal.
