Presentar como éxito propio los logros de otros es algo que caracteriza al gobierno cuatroteísta, sobre todo cuando se trata de estigmatizar al pasado. De esta forma, el retorno del general Salvador Cienfuegos, para ser juzgado en México se ubica en la lógica de hacer de la justicia a la mexicana un espectáculo mediático.
El hecho de que fuese el gobierno de Estados Unidos el que anunciara que retirarán los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero contra del exsecretario de la Defensa Nacional, más allá de la existencia de un acuerdo entre la Fiscalía General de la República (FGR) de México y la Fiscalía General de Estados Unidos, habría que recordar de que, hasta el momento de su detención, Salvador Cienfuegos no era sujeto de ninguna investigación en nuestro país.
La información disponible hasta el momento señala que el Departamento de Justicia de EU tomó la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales en ese país contra Cienfuegos Zepeda, “para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”.
En otras palabras, tal determinación implica que la FGR “tendrá que probar y confirmar los señalamientos realizados en Estados Unidos”. Sin embargo, las indagatorias en México se iniciaron luego de la detención contra el general Salvador Cienfuegos, y sin negar posibles avances, la base de las mismas se sustentará en las pruebas que el Departamento de Justicia de EU proporcionó a México.
El caso del general Cienfuegos pondrá a prueba los métodos poco ortodoxos de la justicia mexicana, toda vez que proseguir con la tradición en este sexenio de la proliferación de filtraciones a los medios de comunicación, podría no tener la aquiescencia de las fuerzas armadas del país.
También quedará pendiente saber si la FGR ocupará a testigos protegidos o sustentará su actuación en los procedimientos que realizaron las autoridades norteamericanas que, de acuerdo al comunicado que leyó el canciller Marcelo Ebrard, “refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones”.
Una lectura cuidadosa de la conferencia de prensa del secretario de Relaciones Exteriores podría servir de adelanto de lo que sucederá en los próximos días. Ebrard Casaubon informó que una vez que se concrete este acuerdo, la FGR, “recibirá a un ciudadano mexicano que no tiene cargos en Estados Unidos en este momento”, lo que implica que el general no pisará la cárcel al arribar al país.
Considerar que esta acción representa “no un acto a la impunidad, sino un acto de respeto a México y a sus fuerzas armadas”, hablaría de un acuerdo interno entre el ejecutivo federal y el ejército mexicano, cuyos alcances se conocerán más adelante.
Vanagloriarse de manera anticipada por este acuerdo con la justicia estadounidense, podría no ser tan bueno ni oportuno, sobre todo si consideramos que el gobierno actual no ha podido cumplimentar la orden de extradición de Ovidio Guzmán, que después de la fallida detención de hace un año, las autoridades mexicanas aún no pueden expedir la orden de detención.
En ambos casos, todo el crédito corresponde al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero cuyas diligencias han sido, como dijo Ebrard, “atinadas y enérgicas.
En tanto, la mañanera tendrá material de sobra para continuar con sus fuegos de artificio, para distraer la atención de los errores de cálculo en materia de salud, seguridad, economía, prevención de desastres que, de acuerdo a indicadores afectan primero a los pobres.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI apuntó que, durante la pandemia, para la gente que vive en una democracia, “el único anillo al dedo” debe ser la verdad pública y conocer la verdad por cruel que sea, al aludir a lo expresado por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y, en su momento, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
